Nueva York/AP — Una juez federal concedió ayer autorización para entablar una demanda judicial contra el Departamento de Policía de Nueva York por discriminación contra la población negra e hispana al aplicar su política de "parar y registrar" que impone cuotas y presiona a los policías a cumplirlas bajo pena de sanciones.
La juez federal de distrito en Manhattan, Shira Scheindlin, permitió proceder una demanda colectiva que busca que la ciudad y el Departamento de Policía sean responsables por cualquier fracaso al aplicar de forma imparcial el programa de reducción del crimen.
La demanda establece que el Departamento de Policía está resueltamente comprometido en una extendida práctica de concentrar las detenciones y registros en los vecindarios negros e hispanos, basados en su composición racial en lugar de factores legítimos que no sean raciales.
Scheindlin declaró que policías han testificado sobre cuotas y demandantes entregaron grabaciones de audio de reuniones donde se dan intrucciones relacionadas a la detención y registro, así como de citatorios y arrestos.
"Los demandantes presentaron la prueba definitiva de las grabaciones, las cuales, junto con la evidencia estadística, son suficiente evidencia circunstancial para que esta demanda sobreviva a un juicio sumario", dijo la juez.
La juez agregó que un jurado determinará si el Departamento de Policía se ha comprometido en una extendida práctica de detener y registrar a no sospechosos y si la ciudad sería confiable si la práctica fuera "tan manifiesta como para implicar el consentimiento de las autoridades responsables de elaborar las políticas". Añadió que un juicio también puede determinar si las autoridades no han podido capacitar adecuadamente a los policías.
La fiscal de la ciudad Heidi Grossman dijo que Nueva York no tiene la política de detener a minorías basada en la raza.
El Departamento de Policía hizo 601,055 detenciones en la calle el año pasado y 10% resultaron en arrestos. En 2009, fueron 575,304.
La organización de investigación RAND, hizo en 2007 un estudio a petición del Departamento de Policía de Nueva York, y concluyó que "los peatones negros eran detenidos a una tasa que es 50% mayor que su representación en el censo residencial".
Scheindlin añadió que la ciudad pudo haber desdeñado demasiado un reporte ofrecido por demandantes que concluyó que 24% de las detenciones y registros de 2004 a 2009 "carecían de documentación suficientemente detallada para evaluar su legalidad" mientras 6% "carecía de justificación legal".
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