WASHINGTON.- Al menos 120 generales y almirantes retirados, entre ellos
el exdirector de la CIA, David Petraeus, y el exjefe las fuerzas
armadas, George Casey, criticaron el recorte ordenado por el presidente
Donald Trump para sufragar su gigantesco presupuesto militar.En una misiva dirigida a los líderes del Congreso y a los principales
secretarios gubernamentales, este grupo de antiguos altos mandos alerta
del riesgo que supone reducir, como pretende Trump, el gasto del
Departamento de Estado y sus programas de ayuda exterior.“Sabemos por nuestro servicio de armas que muchas de las crisis que
nuestra nación enfrenta no tienen solo una solución militar. Y esto
incluye desde hacer frente a la violencia extremista de grupos como ISIS
en el norte de África u Oriente Próximo hasta prevenir pandemias como
el Ébola o estabilizar Estados débiles y frágiles que pueden detonar la
inestabilidad”, indica la carta.
Para los generales retirados, el servicio diplomático y sus agencias
de cooperación, como Usaid, resultan absolutamente necesarias para el
mantenimiento del orden y la paz. “Son críticas para prevenir el
conflicto y reducir la necesidad de enviar a nuestros hombres y mujeres
al frente”, dicen.
El objetivo de Trump, hecho público este lunes, es aumentar el gasto
militar en 54.000 millones de dólares (un 9,3%). Se trata del mayor
incremento en una década y devuelve a Estados Unidos a la era Bush,
cuando los conflictos de Irak y Afganistán estaban en plena
efervescencia. Para lograr esta subida, el presidente ha ordenado un
recorte general que afecta básicamente al Departamento de Estado y la
ayuda exterior.
En este contexto, los militares recuerdan que reducir los fondos del
Departamento de Estado implica depender peligrosamente de las armas:
“Los militares pueden dirigir la lucha contra el terrorismo en el campo
de batalla; pero necesitan de socios civiles fuertes en el combate
contra los inductores del extremismo”. Por todo ello piden que se
aseguren los recursos para que la diplomacia prosiga con su trabajo
frente a las amenazas globales que acechan a Estados Unidos. “No es
tiempo de una retirada”, concluye la misiva....Fuente:Almomento.net
SAN
JUAN. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tiene hoy la
jornada más importante desde que accedió al cargo en enero pasado con la
presentación ante la Junta de Supervisión del Plan Fiscal a 10 años
para las finanzas públicas y su primer mensaje de situación al país.
Rosselló
ha hecho coincidir dos eventos claves que comenzarán al mediodía con la
entrega a la Junta de Supervisión de un documento considerado
fundamental, ya que el Plan Fiscal será determinante para la gestión de
las finanzas estatales durante la próxima década.
La Junta de
Supervisión, que puso la fecha de hoy como límite para la entrega del
documento, es una entidad establecida tras la aprobación el pasado
verano de Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una
normativa que surgió ante la imposibilidad del Gobierno local de pagar
la deuda a sus acreedores.
Puerto Rico lleva una década sumido en
una profunda crisis económica que en los últimos años se ha agudizado
ante la imposibilidad del Gobierno de pagar una deuda pública que ronda
los 70.000 millones de dólares.
Tras años de sacar presupuestos
adelante a base de la emisión de deuda, el anterior Gobierno que
encabezaba Alejandro García Padilla vio cómo los mercados
internacionales se cerraban para lograr financiación después de que las
agencias de calificación de riesgo situaran a la isla en los niveles de
alto riesgo de impago.
En enero de 2015, el Gobierno incurrió en
su primer impago al no abonar el vencimiento de 37 millones de dólares a
los acreedores de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura
(AFI).
A ese impago le siguieron los de mayo de 400 millones del
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de agosto de 57 millones de
dólares correspondientes a los bonos de la Corporación de Financiamiento
Público.
Los acreedores, muchos de ellos pequeños ahorradores
puertorriqueños, amenazaron con emprender acciones legales y el Congreso
en Washington, ante un panorama que dibujaba una maraña judicial
interminable, decidió aprobar normativa que, entre otras
medidas, supuso “congelar” las demandas durante meses para que el Gobierno de la isla se centrara en la gestión de la crisis.
La
ley que establece Promesa fue aprobada en el Congreso de Estados
Unidos, país al que está ligado Puerto Rico como Estado Libre Asociado,
un estatus que le permite cierto grado de autonomía pero que deja áreas
fundamentales como defensa, relaciones diplomáticas o fronteras bajo
control de Washington.
El contenido del plan fiscal es una
incógnita y se espera a conocer los detalles, ya que Rosselló hizo
pública su discrepancia con la Junta de Supervisión, que exige al
Ejecutivo una reducción de cerca del 30 % de los funcionarios, lo que
significaría dejar a miles de personas en la calle en un momento de
graves dificultades para la economía.
Además, la Junta de
Supervisión pide un recorte millonario en el programa de asistencia
sanitaria para personas con bajos recursos, Mi Salud, que supondría un
duro golpe para un colectivo que no tiene medios para pagarse un seguro
médico privado.
El Plan Fiscal sí se espera que incluya un
recorte en el presupuesto anual de la estatal Universidad de Puerto Rico
de 300 millones de dólares, lo que ha provocado la oposición frontal de
los estudiantes y de la dirección del centro docente, que presentó su
dimisión en bloque.
Miembros del Gobierno han hecho público que
el Plan Fiscal diferirá de las exigencias de la entidad de control por
entender que los recortes serían una nueva traba para el crecimiento de
la economía.
La Junta de Supervisión Fiscal ya adelantó que en
caso de que el Plan Fiscal no se adecúe a sus exigencias será devuelto
al Ejecutivo para su modificación.
Los esperados recortes en el
Plan Fiscal provocan recelo por lo que varios sindicatos han convocado
una protesta para hoy frente al Capitolio, sede del Legislativo de
Puerto Rico, lugar donde el gobernador dirigirá el mensaje de situación
al país.
El presidente de la Federación de Trabajadores, José
Rodríguez Báez, anunció que los sindicatos reclamarán al gobernador que
defienda los intereses de los ciudadanos frente a la Junta de Control
Fiscal.....Fuente:Diariolibre.com