SANTO DOMINGO. La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) instrumentó un sometimiento por prevaricación, desfalco, falsedad en escritura pública, estafa agravada, asociación de malhechores y lavado de activos en contra del alcalde de Villa Altagracia, Pedro Peralta, dos funcionarios de esa entidad y un abogado.
Hotoniel Bonilla, director de la DPCA, acusó por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal a Peralta, al Tesorero, Franklin Vargas, al encargado de la Oficina Técnica, Rafael Mercedes, y al abogado Manuel de Jesús Ramírez de la supuesta malversación de RD$112 millones.
Alega que los imputados utilizaron fraudulentamente el dinero, beneficiando a allegados, familiares, relacionados y procurando ventajas económicas en diversas operaciones del cabildo.
En particular, señala la transacción en la compra y venta de un terreno situado en el paraje Hormigo.
Asimismo, afirma que los funcionarios utilizaron fondos del Ayuntamiento con fines proselitistas.
También que hicieron consignar en el presupuesto la construcción de las calles en el barrio Brooklyn, la construcción de una supuesta Casa Club, el Centro de Operaciones del cabildo, obras que asegura no fueron realizadas.
Asegura que Vargas es deportado desde EE.UU., donde alegadamente cometió hechos delictivos. Y Ramírez fungió como supuesto testaferro de Peralta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario