SANTO DOMINGO.- El Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo pidió este sábado que cualquier cambio o reforma tributaria que se realice se oriente a la eliminación de la pobreza, la búsqueda de la igualdad y la protección. "En un país con los elevados niveles de pobreza y desigualdad, reducir el gasto tributario es coherente con el deber del Estado de garantizar el bienestar a todas y a todos. El papel del gobierno es asegurar ese bienestar colectivo y no el de promover ganancias excesivas que propician la suntuosidad con que viven los grupos de élite", señala el Centro en un comunicado. En este sentido, recomendaron a las autoridades revisar la legislación y corregir las deficiencias y distorsiones del sistema de incentivos existente y los elevados niveles de evasión tributaria, a fin de que el se convierta en una verdadera herramienta del desarrollo social.
Al analizar los cálculos del gasto tributario para los años 2008, 2009 y 2010 realizados por la Secretaría de Hacienda, notamos que el sacrificio fiscal del Estado producto de las exoneraciones, exenciones y trato tributario preferencial, representan una significativa cantidad de recursos.
Para el 2008 el gasto tributario estimado por concepto de normas y leyes de exoneraciones e incentivo ascendió a un total de RD$ 101,090.3 millones (US$2,856.5 millones). Este monto es equivalente al 6.4% del PIB, 30.8% del total de los ingresos fiscales y 42.8% de los ingresos tributarios recaudados en ese año. Para el 2009 el gasto tributario estimado, subió a RD$ 104,778.1 millones (2,831.8 millones de US$). Un 3.6% mayor que en el 2008.
Estas cifras confirman, dice el Centro, que los más de 15 procesos de reformas tributarias realizados en el país desde 1982 hasta el 2007 han tenido en sentido general un positivo efecto recaudación, pero muy bajos efectos redistribución. Pidieron además mayor transparencia en el uso de los fondos públicos, vigilancia y fiscalización de las inversiones públicas, protección del gasto social, mejoría de la calidad y eficiencia del gasto, una priorización de las inversiones del gobierno hacia programas, proyectos, obras y actividades que se encaminen hacia la eliminación de la pobreza y la redistribución del ingreso y las riquezas.
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