PHOENIX, Arizona — Menos de 24 horas antes de que debiese entrar en efecto, la juez federal Susan Bolton emitió su fallo respecto a la demanda contra la ley SB1070 de Arizona. Bolton bloqueó la cláusula más controversial de este estatuto que obligaba a las agencias de policía estatales y locales de ese estado a ejercer funciones migratorias por violar el control federal de las leyes de inmigración
La juez también suspendió la aplicación de otro inciso, el tres, que adjudica la categoría de crimen estatal al incumplimiento intencional de no portar un registro de identificación como extranjero y el que les prohibía solicitar empleo en áreas públicas. Estas cláusulas serán posteriormente decididas por la corte federal.
Esta porción no ofrece excepciones para personas que tiene permiso para estar en el país, pero aún no tienen documentos, tales como aquellos que están en medio de un proceso de asilo político y otros.
Por su parte, la cláusula seis que permite a los agentes de la policía arrestar, sin orden judicial, a una persona sospechosa de haber cometido un delito que los vuelve sujetos inmediato a la deportación, también fue bloqueada.
De acuerdo con los argumentos presentados contra la ley por los demandantes no existe en el código federal una lista de crímenes que ameriten una orden inmediata de deportación del país. Esta decisión sólo le corresponde a un juez de inmigración.
El inciso dos en su primera parte re- tira las restricciones a las policía locales y estatales de Arizona para ejercer funciones de agencia federal de inmigración. Esta parte de la ley SB1070 auto- riza a los agentes preguntar por la situación migratoria, lo que significa que sólo se aplicaría a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.
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