Temprano en una mañana de julio del 2003, el Martin Memorial Medical Center colocó a Luis Jiménez, de 37 años, en un avión alquilado y lo envió de vuelta a Guatemala, sin avisarle a sus parientes de Estados Unidos ni a las autoridades guatemaltecas. Ni siquiera al custodio legal del centroamericano, que intentó desesperadamente impedir el traslado.
A partir de ese momento, todo se complica. El custodio, un primo de Jiménez, demandó al hospital, al que acusa de haber deportado al enfermo, quien estaba en el país ilegalmente. El hospital, que gastó más de un millón y medio de dólares en la atención de Jiménez durante tres años, afirma que el paciente quería volver a su país.
El tema de fondo es qué debe hacer un hospital con un paciente que requiere atención a largo plazo, que no tiene medios para cubrir los gastos ni tiene acceso a beneficios por ser indocumentado. El caso podría sentar importantes precedentes. Los abogados de Jiménez dicen que esta podría ser la primera vez que se ventila un caso así.
Al presentar sus argumentos finales en el juicio, el abogado de Gaspar y Jiménez dijo ayer que el hospital envió a Jiménez de regreso a Guatemala para detener lo que hubiese sido un proceso de apelación largo y costoso.
El plan fue diseñado para de una sola vez “detener los gastos... para parar el caso antes de que llegase hasta la Corte Suprema, pues Luis Jiménez ya no estaba”, dijo Jack Hill ante una corte atestada de gente en Stuart, un poblado tranquilo en el Sur de la Florida, justo al norte de la exclusiva comunidad de Palm Beach.
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