Santo Domingo/Abel Guzmán Then .- Dominicanos residentes en el barrio Villa del Sol del municipio de Toa Baja, ubicado al norte de Puerto Rico, denunciaron que desde el pasado lunes han recibido maltratos físicos y amenazas por parte de autoridades policiales y del Departamento de Vivienda para que abandonen sus casas.
Maritza de la Cruz, una dominicana oriunda de Nagua que reside en Villa del Sol desde hace seis años, narró que el lunes pasado se presentaron a ese barrio más de 300 agentes de la “Fuerza de choque” y cercaron el lugar para impedirles que salgan, advirtiéndoles que deben abandonar sus viviendas porque están ubicadas en terrenos que no son de su propiedad.
Denunció que a pesar de tener ocho meses de embarazo fue golpeada, al igual que su hijo de seis años de edad, por agentes policiales que la reprimieron porque protestó junto a varios vecinos del lugar por las amenazas de desalojo.
Igual situación ocurrió con la mexicana Laura Mota, quien está embarazada y casada con el dominicano Andy Mota. Se queja de que fue supuestamente golpeada en las piernas por los policías que alegadamente le vociferaban que ellos eran “un grupo de dominicanos ilegales que no tienen derecho a nada”.
“Racismo y xenofobia”
Las denunciantes señalan que han sido víctimas del “racismo y la xenofobia” que existe contra los dominicanos en esa isla e informaron que desde el pasado viernes les fueron cortados los servicios de energía eléctrica y agua potable como forma de presionarlos para que salgan del lugar.
Deploran que cerraran las calles sin tener la orden de un juez y recordaron que en el año 2007 se produjeron algunos desalojos de dominicanos en ese mismo sector.
“Nos negaron hasta la querella contra los policías que nos agredieron. Yo soy de nacionalidad mexicana y me han amenazado de deportarme a Santo Domingo, pero yo tengo hijos dominicanos y soy ciudadana americana, me ha dolido mucho la discriminación”, dijo Laura Mota.
La subsecretaria para Asuntos Consulares y Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rosario Graciano, instruyó al cónsul Máximo Taveras para que busque una salida satisfactoria al conflicto y evitar nuevos hechos violentos.
La propuesta de la cancillería dominica es que se traslade a las personas de ese lugar a viviendas modestas para que no queden desamparadas ni sean reprimidas por agentes policiales.
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VICECÓNSUL DICE QUE INICIARON MEDIACIÓN
Las informaciones fueron confirmadas vía telefónica por el vicecónsul dominicano Franklin Grullón, quien señaló que se ha reunido con las autoridades puertorriqueñas, entre ellas el secretario de Vivienda, para solucionar el conflicto.
“Le estamos proponiendo que estas personas sean reubicadas en los programas de viviendas que ellos tienen porque ellos están dispuestos a pagar, lo que sí estamos condenando es esa actitud violenta porque hay niños recién nacidos y le manifestamos que el hecho de haber cortado el agua y la luz complica la situación porque estamos en momentos de una pandemia mundial donde es importante mantener la higiene”, precisó.
Sostuvo que el gobierno federal está presionando a las autoridades boricuas porque éstas recibieron desembolsos de más de US$100 millones para reubicar a las personas que están en terrenos inundables, fondos que han sido parados hasta que cumplan con el objetivo para el que han sido erogados.
Grullón detalló que en Villa del Sol viven 211 familias, pero que 60% de más de 1,000 personas son puertorriqueñas y de otras nacionalidades, según un levantamiento que ejecutaron en el lugar.
También destacó que el 80% de los dominicanos que viven en el sector no son ilegales, según el mismo estudio.
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