La operación es defendida a capa y espada por altos funcionarios, en especial el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, quien no dudó en llamar buitres a los miembros del poderoso Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
Lo que desean es comprar las acciones, quebrar REFIDOMSA y culpar al gobierno del desastre, declaró a la prensa el ministro.
Ponentes de la agrupación han expresado reticencias sobre la operación y demandado que las acciones fueran sacadas a licitación pública, una posibilidad que los medios oficiales rechazan.
La venta del 49 por ciento de las acciones de REFIDOMSA fue acordada en principio por Fernández y su colega venezolano, Hugo Chávez, en la recién concluida Cumbre del acuerdo Petrocaribe, efectuada en la isla caribeña de San Cristóbal a mediados de mes.
En rigor de verdad, la transacción es más que beneficiosa para la República Dominicana, que recibirá de contado 130 millones de dólares por la participación, que estuvo hasta noviembre último en manos de la transnacional Royal Dutch Shell.
Fernández determinó la compra de las acciones de la Shell a fines de 2007, en medio de una crisis de liquidez por el aumento de los precios del crudo y propulsado por la negativa de esa empresa a refinar el petróleo que recibe su país de Venezuela en condiciones de pago blandas.
Sin levantar ronchas, el mandatario dejó entrever que el reto de la empresa foránea planteó una disyuntiva ineludible ante la cual era preciso adoptar una medida drástica.
Esas circunstancias son aducidas por Bengoa en su defensa de la transacción que en principio comporta al estado dominicano una ganancia neta de 20 millones de dólares, la diferencia entre la suma que pagó a Shell y la que recibirá de Venezuela.
Sin embargo, los réditos van más allá, pues Venezuela proveerá recursos y logística para ampliar la capacidad de procesamiento de la instalación y convertirla en centro proveedor de refinados para el área del Caribe.
En términos internos, Caracas asegurará además a este país reservas de hidrocarburo para mantenerse alentando en caso de cataclismo natural y, como ventaja anexa, aceptó cobrar el petróleo que suministra en productos del agro.
Fernández, conocido por ponderar sus pasos, nombró una comisión oficial para supervisar la transparencia de la transacción y, puesto ahora en el disparadero, no ha dudado en aceptar el reto de los miembros del CONEP.
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