La ley de Protección Animal y Tenencia
Responsable, que prohíbe el uso de animales para el arrastre de carretas
u otros vehículos empleados en la venta de productos comestibles, es
sin duda una gran conquista de la sociedad dominicana, pues ofrece
amparo a seres vivientes víctimas de la crueldad humana, pero
comerciantes y sectores sociales cuestionan que la pieza no contemple
soluciones para más de 1,500 familias que dependen de los caballos
carreteros.
El presidente de la Asociación de Vendedores de
Productos Agropecuarios del Mercado Nuevo (Los Caballitos), Gabriel
Pimentel, señaló que en 2007 fue creado un proyecto de organización,
capacitación y capitalización de los miembros de la asociación para
sustituir las carretas por camionetas.
El proyecto fue formulado
con la asesoría de Aníbal Frank Fernández, actual encargado de
Formulación de Proyectos del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, e
integraba al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Promipyme), Misión Taiwán y Ministerio de Interior y
Policía, así como la Dirección General de Tránsito Terrestre, el
Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública.
Pimentel
explicó que la iniciativa buscaba el financiamiento de las camionetas a
través de Promipyme en un plazo de pago de cuatro años con cuotas
diarias de RD$200, es decir un total de RD$192,000 por vehículo, que
serían cobradas por el ayuntamiento, que además serviría de garante.
El
proyecto se quedó en la etapa de organización gremial, con la solicitud
de certificación de la asociación al Ministerio de Industria y Comercio
en junio de 2007, y de capacitación, en una jornada de seis meses que
incluyó cursos de gestión administrativa, relaciones humanas, controles
internos y servicio al cliente con la coordinación de Promipyme y Misión
Taiwán. Sin embargo, el financiamiento de los vehículos no fue
concretado porque según explicó Fernández, se determinó que las más de
300 carretas no pertenecían a los vendedores sino que estaban
concentradas en manos de unos pocos microempresarios que las alquilan
por día.
El director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del
Ayuntamiento del Distrito Nacional, José Miguel Carrión, dijo que ese
organismo no tiene la responsabilidad de intervenir en el financiamiento
de las camionetas porque es de conocimiento de todos que el uso de
caballos para la carga es una práctica inadecuada.
El ejecutivo
citó que durante la administración del síndico Johnny Ventura el
ayuntamiento fungió como garante en la compra de guaguas que fueron
entregadas a la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción
(Fenatrano), asumiendo una deuda de casi RD$1,000 millones que tuvo que
pagar, y sostuvo que el cabildo no está dispuesto a asumir ese riesgo
una vez más.
Controversia
Carrión precisó que antes de
que se aprobara la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable el
ayuntamiento trató de eliminar el uso de caballos para carga, pero no
pudo continuar porque no contaba con un instrumento legal que le
permitiera tomar medidas, sino que se realizaban jornadas de supervisión
e incautación de caballos maltratados a través de la Dirección de
Defensoría y Uso del Espacio Público.
Algunos carreteros o
“caballitos”, como se llaman entre ellos, coinciden en que esa entidad
les incauta los caballos, las carretas y la mercancía, e incluso han
denunciado actitudes violentas de los agentes ante la resistencia de los
comerciantes al despojo de las viandas para la venta.
“Imagínese
que uno pida un préstamo diario para surtirse y que le incauten la
carreta. Se pierde la mercancía y hay que pagar el préstamo”, expresó el
comerciante Efraín Jiménez, ante la realidad de que los vendedores
solicitan diariamente crédito informal de entre $5,000 y RD$15,000, a
una tasa de hasta 5%, y algunos pagan RD$400 por el alquiler del caballo
y la carreta.
El funcionario del ayuntamiento asegura que las
bestias incautadas son entregadas a entidades protectoras de animales y
denunció que gran parte de los caballos utilizados para venta de
productos agropecuarios han sido robados de fincas y propiedades
privadas.
Sin embargo, Pimentel sostiene que la Asociación Los
Caballitos exige certificados de propiedad a sus miembros y, no obtante,
han comprado de terceras manos los mismos caballos que les fueron
incautados.
“Reconocemos que en la calle puede haber caballos robados, pero no son de miembros de la asociación”, aseguró el dirigente.
El
padre Rogelio Cruz, quien ha estado apoyando los reclamos de los
comerciantes, manifestó su oposición al maltrato de cualquier tipo a un
animal, pero enfatizó que “los propietarios de los caballos hicieron una
inversión al comprar el animal y viven de ese trabajo injusto, por lo
que lo idóneo no es emitir una ley prohibitiva sino buscar una solución
viable que los involucre”.
El presidente del Comité Dominicano de
los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, consideró que la legislación
debió tomar en cuenta las necesidades de los comerciantes y contemplar
una alternativa que les permita continuar con sus ventas sin los
caballos.
Dijo que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de
negociar una solución para los vendedores antes de prohibir el uso de
los caballos, aunque aclaró que no está de acuerdo con esa práctica que
atenta contra los animales.
LOS VENDEDORES RECONOCEN MALTRATO
José Miguel Carrión destacó que la circulación de carretas tiradas por
caballos no solo representa un tema de sensibilidad, por el maltrato que
reciben los animales, sino de peligrosidad en el tránsito.
Asimismo, resaltó que el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha estado
inmerso en la creación de la ruta turística de Santo Domingo y sostuvo
que cuando esta comience a operar los caballos no podrán desplazarse en
el casco urbano.
Esa situación se presenta además en Santiago de
los Caballeros y otras ciudades del país, ante el reclamo de la
población y de las instituciones de protección animal por el mal estado
en que se encuantran los caballos y la excesiva carga que se les impone.
Los
comerciantes manifiestan que están conscientes de que la práctica no es
adecuada y algunos expresan sus deseos de abandonarla, pero no cuentan
con los recursos para adquirir un vehículo, pues en la totalidad de los
casos no tienen acceso a la banca.
El dirigente catalogó la incautación de mercancía un acto delictivo que podría generar en actos de violencia.
GABRIEL PIMENTEL
Dirigente gremial
“En
2007 se hizo un operativo en el que se incautaron 110 caballos y 78
carretas, de los que se recuperó el 90% y se conseguieron porque otras
personas los estaban vendiendo”.
LUIS ML. PERALTA
Carretero por 20 años
Reconoce
que el uso de caballos no es adecuado, pero dice que las autoridades
deben buscar una alternativa porque los vendedores no tienen otra forma
de subsistencia.ROGELIO CRUZ
Sacerdote
Considera que lo
idóneo no es emitir una ley prohibitiva, sino buscar una solución
viable que no perjudique a los animales pero tampoco a los comerciantes,
cuyo único modo de subsistencia es la venta en caballos.
VIRGILIO ALMÁNZAR
Dirigente social
Señaló
que la legislación debió tomar en cuenta las necesidades de los
comerciantes y contemplar una alternativa. Catalogó la incautación de
mercancía un acto delictivo que podría generar actos de violencia.
JESÚS JIMÉNEZ
Carretero
“Exigimos
que si nos quitan los caballos que nos proporcionen guagüitas para
trabajar. En dos ocasiones me han quitado la mercancía e incluso los
guardias han intentado golpearnos cuando reclamamos”.
viernes, 24 de agosto de 2012
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