El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes denunció este sábado el aumento de tráfico de personas desde Haití hacia la República Dominicana. A través del Observatorio de Derechos Humanos, la entidad manifestó que ese fenómeno se expresa con fuerza en las zonas fronterizas sur y norte. Expresó que las mujeres, niños y adolescentes son las personas más afectadas por esta situación. Destacó que se estima que por la zona fronteriza cruzan anualmente cerca de 2 mil niños traídos a ejercer la prostitución, trabajo doméstico o pedir limosnas en la calle.
La entidad destacó que en el caso de la población haitiana traficada hacia la República dominicana el costo de viajes oscila entre 3 mil a 10 mil pesos, dependiendo de las condiciones en la frontera y la forma de tráfico o trata. En este proceso intervienen las personas traficantes, trabajadores del sector público y autoridades de los puestos fronterizos de ambos países, y de chequeo, que cobran por cada persona que esté en los autobuses con esta condición 100 pesos, según datos resaltados en el Observatorio de Derechos Humanos que lleva la institución.
El SJRM destacó que la situación ocurre ante los ojos de las autoridades de ambos naciones sin que las mismas hagan nada. “Los cuerpos policiales y migratorios también se vuelven cómplices del delito, agravando aún más la situación”, según declaraciones de Graziella Scudu, investigadora del Servicio, quien tuvo a su cargo la presentación.
Muchas personas son tratadas o traficadas desde República Dominicana hacia diversos países. Las islas del Caribe, Suramérica y Europa son las principales zonas de destino de la población dominicana que es víctima de estos procesos, para ser sometidas a prostitución o matrimonio servil.
El SJRM advirtió además que la temática debe ser abordada de manera responsable por las autoridades estatales, siendo rigurosos en la aplicación de la ley y desarrollando mecanismos de prevención de este mal, en coordinación con los mandos de los países de las personas tratadas y/o traficadas.
Por último, señaló que es necesario analizar la situación de manera global, sin una visión minimalista en la que sólo se atribuye la responsabilidad del delito a la persona traficante y no se reconoce ni actúa con otros actores involucrados como el sector transporte y las autoridades policiales y migratorias asignadas a las zonas fronterizas y puestos de chequeo.
El Servicio Jesuita dio a conocer un informe denominado Observatorio de Derechos Humanos en el marco de un panel donde analizó la situación, realizado en el Centro Bonó.
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