Por: MANUEL ERNESTO RIVERA
SAN JUAN, AP.- El gobierno puertorriqueño anunció el lunes que dejará la vía libre para que el tribunal estadounidense en la isla juzgue a sospechosos de cometer delitos que conlleven la pena de muerte.
La acción del gobernador Luis Fortuño pondría fin a una directriz de la pasada administración de que el Departamento de Justicia local mantenga la potestad en aquellos casos en los que las autoridades estadounidenses rehusen comprometerse a no solicitar la pena de muerte para los acusados si resultan culpables.
"No se va a mantener esa directriz, aunque yo me opongo a la pena de muerte por principios morales... Nosotros no vamos a estar discerniendo, ni parando el proceso (federal). Aquí el trabajo se va a hacer para parar la ola criminal", sostuvo Fortuño tras una reunión con titulares de agencias estadounidenses en la isla.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohibe expresamente la pena de muerte, pero la ley federal de pena de muerte de 1994 tiene supremacía sobre la Carta Magna local. Ningún jurado de puertorriqueños ha impuesto la pena capital en casos que se han visto en la corte federal.
La pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá estableció varias medidas dirigidas a hacer más enérgica y firme su oposición a que a los puertorriqueños se les aplique la pena de muerte en el sistema judicial estadounidense.
Entre esas medidas figura que el Departamento de Justicia local no acceda a la petición de la fiscalía estadounidense de renunciar a su potestad en los casos de sospechosos de haber matado a una persona en medio de un robo de automóvil a mano armada, delito que podría conllevar la pena capital en la esfera federal.
Fortuño sostuvo que mientras no se enmiende la ley estadounidense que permite al Estado ejecutar convictos de ciertos delitos, "ellos (los fiscales federales) van a tener todo mi apoyo".
A la reunión con Fortuño asistieron la jefa de los fiscales federales en la isla, Rosa Emilia Rodríguez; y el director del FBI aquí, Luis Fraticelli; así como Pedro Gómez, del Servicio Secreto estadounidense, y Gilberto Garza, del Servicio de Rentas Internas federal.
SAN JUAN, AP.- El gobierno puertorriqueño anunció el lunes que dejará la vía libre para que el tribunal estadounidense en la isla juzgue a sospechosos de cometer delitos que conlleven la pena de muerte.
La acción del gobernador Luis Fortuño pondría fin a una directriz de la pasada administración de que el Departamento de Justicia local mantenga la potestad en aquellos casos en los que las autoridades estadounidenses rehusen comprometerse a no solicitar la pena de muerte para los acusados si resultan culpables.
"No se va a mantener esa directriz, aunque yo me opongo a la pena de muerte por principios morales... Nosotros no vamos a estar discerniendo, ni parando el proceso (federal). Aquí el trabajo se va a hacer para parar la ola criminal", sostuvo Fortuño tras una reunión con titulares de agencias estadounidenses en la isla.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohibe expresamente la pena de muerte, pero la ley federal de pena de muerte de 1994 tiene supremacía sobre la Carta Magna local. Ningún jurado de puertorriqueños ha impuesto la pena capital en casos que se han visto en la corte federal.
La pasada administración de Aníbal Acevedo Vilá estableció varias medidas dirigidas a hacer más enérgica y firme su oposición a que a los puertorriqueños se les aplique la pena de muerte en el sistema judicial estadounidense.
Entre esas medidas figura que el Departamento de Justicia local no acceda a la petición de la fiscalía estadounidense de renunciar a su potestad en los casos de sospechosos de haber matado a una persona en medio de un robo de automóvil a mano armada, delito que podría conllevar la pena capital en la esfera federal.
Fortuño sostuvo que mientras no se enmiende la ley estadounidense que permite al Estado ejecutar convictos de ciertos delitos, "ellos (los fiscales federales) van a tener todo mi apoyo".
A la reunión con Fortuño asistieron la jefa de los fiscales federales en la isla, Rosa Emilia Rodríguez; y el director del FBI aquí, Luis Fraticelli; así como Pedro Gómez, del Servicio Secreto estadounidense, y Gilberto Garza, del Servicio de Rentas Internas federal.
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