El jefe de la Policía Nacional, mayor general José Polanco Gómez, se reunió ayer con los dirigentes de las juntas de vecinos de San José y La Mina, en Santiago, con quienes logró, mediante consenso, que dejaran sin efecto sus amenazas de expulsar el próximo lunes a los haitianos que viven de manera ilegal en esos lugares.
La juntas de vecinos de San José y La Mina esperan que Salud Pública y Migración organicen a los haitianos. Al regresar anoche de la capital donde se reunieron con el jefe policial, los directivos de las juntas de vecinos informaron que el oficial les prometió mediar para que Salud Pública y la Dirección de Migración busquen una solución a la problemática de los haitianos.
José Francisco Consuegra dijo que esos organismos oficiales pueden lograr que los extranjeros mejoren sus hábitos de higiene en la comunidad y que bajo esas condiciones estarían dispuestos a tolerar su presencia en la zona. El dirigente comunitario precisó que le darán un compás de espera hasta el próximo lunes para que se le busque una salida a la problemática que representa la insalubridad que mantienen los haitianos en el sector.
En tanto, ayer aumentó el flujo de haitianos que abandonaron esos barrios ante las amenazas de los comunitarios.
Haitianos abandonaron el lugar con ajuares, colchones y otras pertenencias.
Su intención era mudarse a otros barrios de la ciudad, porque según dijeron no está en su ánimo regresar a su país.
Organismos
Mientras funcionarios de Migración, de la Organización Internacional de las Migraciones y del Servicio Jesuita para los Refugiados Migrantes en el país, visitaron los referidos sectores y conversaron con sus vecinos que pretenden expulsar a los haitianos indocumentados de allí, al responsabilizarlos de la mayoría de actos delictivos que ocurren en sus comunidades y de defecar en fundas plásticas y luego lanzar sus heces a los patios de la escuela, casas, negocios y otros lugares.
En el encuentro estuvieron presentes el subdirector de Migración, Juan Isidro Pérez; el encargado de Asuntos Haitianos, Ramón Ureña; el coordinador en Santiago del Servicio Jesuita para los Migrantes Haitianos, padre Francisco Núñez; tres representantes de la Organización Internacional de las Migraciones y de organizaciones que aglutinan a los haitianos indocumentados.
El padre Núñez dijo que es responsabilidad de las autoridades de Migración, la Policía Nacional y Salud Pública, discutir con los pobladores de esos barrios y los grupos de haitianos la situación y no esperar que el problema llegue a una tragedia. El sacerdote estimó que es importante la intervención urgente del Estado, porque de sentarse un precedente de esa naturaleza, otras comunidades harían lo mismo y eso es peligroso.
Mientras que el subdirector de Migración dijo que fue lo mejor que las juntas de vecinos y sus comunitarios dejaran sin efecto sus amenazas de expulsar a los haitianos, porque esa dependencia junto a otros organismos del Estado jamás lo permitirían.
“Lo primero es que no todos son indocumentados, los que tienen documentos tienen el derecho de transitar por el territorio dominicano porque para ello se les ha dado una autorización, pero ninguna junta de vecinos puede tomarse la potestad de tomar justicia por su propia cuenta”, indicó el funcionario.
En cuanto a los haitianos indocumentados, que son la mayoría, Pérez explicó que se están estudiando mecanismos para buscar una solución a ello.
Sostuvo que Migración, la Policía, la Fiscalía y otros organismos están listos para actuar porque hay que resguardar vidas, y que tienen que evitar que hayan enfrentamientos con desenlaces lamentables. “Las juntas de vecinos tienen abogados que seguramente los van a asesorar y les dirán que en un Estado de derecho, en un país que tiene leyes y acuerdos protocolares, los mismos tienen que cumplirse dentro del marco de lo que se establece”, insistió.
ENTIDADES SE OPONEN A QUE SAQUEN HAITIANOS
Organizaciones del país rechazaron ayer las acciones que pretenden hacer juntas de vecinos de barrios de Santiago para desalojar a los haitianos que viven allí, con el pretexto de que son delincuentes o transmisores del cólera.
Representantes de entidades de los derechos humanos, sociales y que trabajan con migrantes, advirtieron que esa conducta puede generar un derramamiento de sangre que perturbaría las relaciones entre los dos países, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para evitar esa práctica. El repudio fue externado por Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el padre Mario Serrano, director del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, y del Centro Bonó, así como el padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral.
Objetaron que ciudadanos dominicanos estén dándose a la tarea de tratar de hacer justicia por sus propias manos ante supuestos actos delictivos y transmisión del cólera. El padre Rosario consideró que esa acción podría generar muchos problemas y provocar una “haitianofobia”, con el rechazo de los dominicanos a los haitianos o viceversa, además de la violencia que podría desatar.
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