Por Jhonatan Liriano/Elcaribe.com El Ministerio Público podrá solicitar a los tribunales sanciones de 2 a 10 años de cárcel para los acusados de violentar y ocupar terrenos privados, según las reformas que el Congreso Nacional busca introducir al Código Procesal Penal (CPP).
Las penas están contempladas en un proyecto de ley elaborado por el diputado Henry Merán, quien también forma parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, coordinadora de las modificaciones. El CPP y la nueva ley, dijo, se combinarían para responder a una necesidad periódicamente denunciada por el abogado del Estado, el cual se reconoce como incapaz de perseguir eficientemente a los invasores de terrenos.
A la fecha, aseguró Merán, la invasión de tierra es denunciada por campesinos, comerciantes, empresarios, organizaciones comunitarias y otros actores sociales, pero la fuerza pública no cuenta con un marco jurídico actualizado para enfrentar la problemática.
“Hay personas que te rompen una cerca, te violan la propiedad y te la ocupan, sin que se les pueda aplicar sanciones mayores de dos años de cárcel, como mucho”, declaró Merán, representante de San Juan por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En la propuesta de ley también se protegen las propiedades de dominio privado que son del Estado, las cuales suelen ser objeto de ocupaciones. Merán sostuvo que los legisladores habían tipificado la violación de propiedad, pero nunca la invasión. Los códigos Procesal Penal, Penal y del Menor serán presentados al hemiciclo de la Cámara de Diputados en un plazo no mayor de 13 días.
Finjus respalda enmienda
Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que, a propósito de la iniciativa del diputado Henry Merán, el artículo 31 del Código Procesal Penal será modificado para permitir, en los casos de violación o invasión de terrenos, la acción pública a instancia de la persona privada.
Si la propuesta es acogida en las dos cámaras legislativas, los fiscales podrán activarse como persecutores de las dos acciones contra la propiedad. Martínez indicó que los cambios en el marco jurídico responden a las inquietudes de los diferentes sectores que participaron de las vistas públicas organizadas por el grupo coordinador. Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, respaldó la modificación del artículo 31 del CPP, por considerar que el abordaje de la invasión de tierra es una de las debilidades de la pieza aplicada hace ya siete años. Castaños Guzmán aseguró que la participación de los fiscales hará más eficiente la protección de la propiedad de la persona.
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