viernes, 28 de octubre de 2011

Estalla crisis en consulado de Boston, envían vicecónsul de NY para sustituir a Cabral

Autor: Miguel Cruz Tejada/Elnuevodiario

NUEVA YORK._ Una crisis institucional estalló ayer en el consulado general dominicano de Boston, cuando una vicecónsul se presentó en la sede y le dijo al incumbente doctor Dominico Cabral que había sido enviada por el arquitecto Eduardo Selman para sustituirlo en el cargo. Se trata de la señora Ramona Antonia Abreu de López, quien por largos años ha trabajado como asistenta del dirigente peledeísta, miembro del Comité Político del PLD (CP). Fuentes del partido oficial que pidieron anonimato dijeron a este reportero anoche que mientras la funcionaria, que está acreditada en el Departamento de Estado en Washington intentaba posesionarse sin ninguna disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, un grupo de más de 20 dirigentes y militantes, opositores internos de Cabral, se atrincheraron en un pasillo del edificio donde funcionan las oficinas consulares. El salario de la vicecónsul en Nueva York es de $1.750 dólares al mes y fungió como encargada administrativa en la gestión de Selman.

La seguridad del edificio llamó a la policía que tuvo que acudir a hablar con los peledeístas, que se oponen a la permanencia de Cabral en el puesto y mantienen una campaña en su contra, acusándolo de “usurpador” de funciones, lo que ha sido desmentido por el también presidente de la seccional, coordinador de campaña y miembro del Comité Central (CC).

La crisis explota luego de que Cabral, obedeciendo a una disposición de Relaciones Exteriores, no entregara la sede al nuevo cónsul general designado por decreto presidencial, ingeniero Miguel Angel Andújar de quien se dice es naturalizado ciudadano americano por lo que no puede acreditarse en Washington hasta tanto renuncie a ese estatus.

Los informantes dijeron que la vicecónsul Abreu, llegó al consulado con una actitud desafiante, diciendo que había ido a sustituir al cónsul Cabral, hasta que tome posesión el nuevo funcionario.

Ella está acreditada en Nueva York, por lo que no tiene jurisdicción en Boston a menos que no sea beneficiada con una disposición administrativa del canciller Carlos Morales Troncoso. Los informantes añadieron que ante la situación, el doctor Luis Bogaert asistente de Morales, habló con Selman a quien le enrostró que “eso no se hace, porque esa señora no tiene jurisdicción en Boston”.

Se informó que a dos funcionarios se les cancelaron recientemente sus acreditaciones y visas diplomáticas por traslados administrativos sin previa aprobación del Departamento de Estado. Uno de esos casos involucró a la esposa del dirigente peledeísta Tácito Perdomo, la que es vicecónsul en New Orleans y fue trasladada a Boston, donde no pudo posesionarse por la misma situación.

El Departamento de Estado alegó que se violaron los procedimientos y procedió a retirarle la acreditación. Los defensores de Cabral dicen que Selman estaría detrás de la situación que involucra a Abreu con el propósito de controlar el consulado de Boston.

Dijeron que el plan de quienes buscan sacar a Cabral de la sede, era el de aprovechar que éste estuviera fuera de sus oficinas para sentar a la vicecónsul. Añadieron que ya advertida la seguridad, en caso de que la vicecónsul trate de regresar al consulado podría ser arrestada por la policía.

“Parece que esa señora no sabe a lo que se expone con el Departamento de Estado”, sostuvieron los informantes. Acorde con los procedimientos, ningún funcionario consular o diplomático designado en un área, puede ejercer en otra sin contar con la aprobación del Departamento de Estado.

“Supuestamente este es el año de la transparencia y el fortalecimiento institucional, pero esos compañeros creen que el manejo del estado es un relajo, porque tienen que entender que esa maniobra es completamente ilegal”, dijeron.

EMBAJADA EN WASHINGTON

La embajada dominicana en Washington, también ha tomado parte en la crisis consular en Boston y el embajador Aníbal de Castro envió a la cancillería el oficio EDW-150-11 del 21 de marzo del 2001 en el que recuerda los requisitos establecidos por el Departamento de Estado y la decisión del gobierno norteamericano de no autorizar la apertura de nuevos consulados, hasta tanto el estado dominicano no clarifique, entre otras condiciones, el estatus migratorio de los funcionarios nombrados.

Un oficio más reciente de la misma embajada con fecha EDW-488-11 de fecha 19 de septiembre del 2011, dirigido al ministro de exteriores Carlos Morales Troncoso, el viceministro José Manuel Trullols, coordinador general, doctora Alejandra Liriano, viceministra para Asuntos de Política Exterior y a la doctora Nelly Pérez, viceministra para Asuntos Consulares y Migratorios, señala que la embajada dominicana recibió el 10 de marzo de este año, una nota diplomática verbal del Departamento de Estado en la que se recuerda que el artículo 22 (2) de la Convención de Viena, establece que no podrá nombrarse funcionarios consulares a personas que tengan la nacionalidad del estado receptor, excepto con el consentimiento expreso de ese estado, que podrá retirarlo en cualquier momento”.

Y añade la nota diplomática que “la política y costumbre del gobierno de Estados Unidos es la de no aceptar la acreditación de sus ciudadanos o residentes permanentes legales en su territorio como oficiales consulares”.

La embajada debe enviar al Departamento de Estado el formulario de solicitud de acreditación DS-2003/DS-2004 con información completa de los nombrados que sean aceptados y las funciones que vayan a desempeñar así como las de sus familiares que también ingresen a territorio estadounidense.

Entre otros múltiples beneficios el Departamento de Estado se refiere además a la circunscripción en la que deben representar el país emisor los funcionarios consulares, previa aprobación del estado receptor.

Hasta el momento, Cabral es el único funcionario consular en Boston debidamente acreditado, por lo que la “jugada” para tratar de sacarlo de la posición, busca posesionar a oficiales consulares que están acreditados en otras jurisdicciones, pero en todo caso, deben contar primero con la anuencia del Ministerio de Exteriores y la aprobación del Departamento de Estado.

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