SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La
decisión del procurador general de la República,
Francisco Domínguez Brito, de solicitar a la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) revocar el archivo definitivo del expediente con las denuncias
sobre irregularidades en el manejo en la función pública contra Félix
Bautista, la semana pasada, ha desatado una caja de pandora y al parecer
estaría provocando un enfrentamiento entre sectores o grupos dentro del
gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que se
involucra la Fuerza Nacional Progresista (FNP), que dirige el doctor
Marino Vinicio Castillo, quien también es funcionario gubernamental y
dice favorecer la decisión.
Ayer, la situación se puso de relieve cuando el ex
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Abel Rodríguez afirmara
que hay propósitos políticos al reabrir caso de Félix Bautista, mientras
que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina
Toribio, descartó que en la decisión del Procurador haya influido el
presidente Danilo Medina.
Al parecer se han originado puntos de vistas
encontrados entre sectores que les atribuyen respaldar al presidente
Danilo Medina, con el saliente gobernante, debido a que además de ser el
abogado del senador oficialista Félix Bautista, Abel Rodríguez se
desempeñó como procurador general de la República y Consultor Jurídico
del Poder Ejecutivo en los gobiernos del presidente Fernández.
Se recuerda que en una ocasión se atribuyó al
presidente Fernández haber dicho que el senador Bautista era como su
hijo, por lo que la defensa de Rodríguez podría contar con el respaldo
irrestricto del ex mandatario, y reforzar más la tesis del probable
pugilato entre sectores del partido morado y el gobierno.
Otro elemento dentro de la posible división de
criterios para encausar nuevamente en la Justicia el caso del senador
Bautista, dispuesta por el procurador Francisco Domínguez, son las
declaraciones ofrecidas por el doctor Castillo, quien además de
favorecerla, dice que deben incluir 34 casos de corrupción ocurridos en
la gestión del ex presidente Hipólito Mejía.
RODRIGUEZ DEL ORBE
En el caso del doctor Rodríguez del Orbe, éste
recordó que a favor de su defendido fue dictado un auto de revocación de
expediente por el director del Departamento de Prevención de la
Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, quien ordenó el
archivo de las investigaciones penales abiertas en su contra durante la
pasada campaña electoral.
Se recuera que las denuncias contra el legislador
fueron interpuestas por el Comando de Campaña del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) y
otras entidades y diversas personas.
Rodríguez del Orbe calificó como justa y fundada
en derecho la decisión del abogado Bonilla, “por cuanto en la
investigación que se realizó no se encontraron elementos indiciarios en
su contra, quedando establecido con documentos irrefutables, que las
acusaciones promovidas contra el senador Bautista tenían un carácter
político”.
El abogado del senador Bautista mostró
indignación con la decisión de Domínguez Brito, tras considerar que
desde el punto de vista legal, no tiene calidad para solicitar que se
revoque un auto de archivo de la investigación penal dictado por el
propio Ministerio Público del cual el procurador general forma parte.
Rodríguez del Orbe se mostró confiado en que
cuando la SCJ examine las objeciones que se hicieron al auto de archivo
de las denuncias penales de que se trata, va a resplandecer la verdad y
una vez más se verificará que las denuncias interpuestas constituyeron
actos de temeridad y abuso de derecho.
"El archivo objetado por Domínguez Brito fue
emitido por un procurador adjunto, dentro de su ámbito de actuación el
cual queda salvaguardado por el principio de que los miembros del
Ministerio Público actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones
en nombre y representación de éste", afirma en una declaración de
prensa.
Asegura Rodríguez del Orbe que "la impugnación del
procurador general es contraria también al principio de unidad de
actuaciones que rige al órgano persecutor, amén de que contraviene el
debido proceso de Ley, el derecho a recurrir y el principio de
indivisibilidad, reconocidos por la Constitución y las leyes”.
“Si se leen los artículos 173, 40.15, 68 y 69
de la Carta Magna, al igual que lo dispuesto en los artículos 5,15,20,
22 y 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y el 25, 89, 281, 393
y 395 del Código Procesal Penal, se verá que esta objeción,
procesalmente hablando es carente de base legal", sostiene
Manifiesta que es momento de hacer frente a la
campaña de ofensas y calumnias que diferentes sectores han venido
urdiendo en contra de Bautista, con la única intención de dañar su
imagen, “sin aportar en justicia el más mínimo elemento probatorio serio
que sustente las acusaciones”.
Califica como lamentable y desacertada la decisión
del Procurador General de la República de pretender atribuirse facultad
para pedir la revocación del auto rendido por el DPCA, “con la única
finalidad de ganar notoriedad pública e intentar sacar ventaja política y
popularidad a expensas de promover una persecución carente de
fundamento contra el senador Bautista”.
MARINO VINICIO CASTILLO
De su lado, el Director de Ética e Integridad
Gubernamental (Digeig), Marino Vinicio Castillo, tras saludar la
decisión del procurador Domínguez Brito, dijo sin embargo que no debe
ser “selectivo” sino incluir 34 casos de corrupción durante la gestión
del ex presidente Hipólito Mejía, que abarque la de Hernani Salazar
Dijo que la decisión de Domínguez Brito es
plausible y valiente, porque es una iniciativa que le dará al pueblo
nuevas esperanzas ante la inmoralidad pública que ha relucido
impunemente en los últimos años.
Castillo, al hablar en su programa La Respuesta,
que produce por el canal 15, expresó que se debe hacer una investigación
profunda, sin dejar “altares” sin tocar y “caiga quien caiga”, de
manera que la sociedad conozca la realidad sobre El Ministerio Público.
Aseguró que el Ministerio Público no debe ser
“selectivo”, ni discriminatorio ante las responsabilidades y
obligaciones que conlleva su decisión de solicitar al alto tribunal
revocar el auto 03093, dictado por Bonilla.
Considera que la Procuraduría General debería
enfocar su investigación en otras auditorías realizadas a la
Supervisora de Obras del Estado y no ser “selectivo” con el caso del
senador Bautista.
Afirmó que a esa institución le fueron realizadas
auditorías a la gestión de Salazar, quien ocupó el cargo durante el
gobierno de Hipólito Mejía, que también deberían ser tomadas en cuenta.
Solicitó al procurador que indague sobre 34
auditorías que revelan casos de corrupción durante el gobierno de Mejía,
cuyas pruebas, según asegura, están contenidas en auditorías realizadas
por la Contraloría General de la República y los colegios, de Abogados
y Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia), entre
otros.
Recordó que Danilo Medina se refirió a estas
auditorías cuando era secretario dela Presidencia diciendo que “el país
se caería para atrás al conocer su contenido”.
Declaró que los expedientes sobre esos casos
reposan en los archivos de la Dirección de Persecución y Combate a la
Corrupción Administrativa.
Advierte que “si el Procurador se enfoca en
tratar sólo uno de los casos, se vería discriminatorio y podría producir
un descreimiento de la verdadera intención final”.
Expresó su confianza en el trabajo del Procurador
General de la República, de quien dijo “siempre ha tenido una
trayectoria impresionante e intachable”.
PINA TORIBIO DESCARTA DM HAYA INFLUIDO
De su parte, el consultor jurídico del Poder
Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, descartó que en la decisión del
Procurador General haya influido el presidente Danilo Medina.
Sostuvo que la solicitud de revocación que ha
hecho el Procurador General del auto de archivo número 03093, emitido
por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) a
favor del senador Bautista, es una determinación suya
(del Procurador), y añadió que nada tiene que ver en ello el primer
mandatario.
Manifestó que tanto Medina, actual presidente, y
el ex presidente Leonel Fernández, son respetuosos de la autonomía y
la separación de poderes, y que siempre lo han demostrado con sus
acciones como jefes de Estado.
Declaró que no quería abundar sobre el tema debido
a que es el asesor legal del Presidente de la República, pero dijo
estar confiando en que la instancia de la SCJ que ha sido apoderada del
caso podrá actuar con absoluta independencia y emitir su veredicto.
Autor: SAIRIS LARA/ YAHAIRA RIVERA/Elnuevodiario
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