Plantearon, además, que creados los tres patronatos se forme una comisión provincial que garantice la transición de la administración del 70 por ciento de las 285 mil 982 acciones del Estado dominicano en la empresa minera Falconbridge Dominicana para que sean transferidas a esos municipios.
Basaron la propuesta en que esos municipios cuentan con autonomía, personería jurídica, políticas comunitarias, administrativas y funcionales, con patrimonio propio y capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios y útiles para el desarrollo sostenible de sus habitantes.
La solicitud al Presidente de la República fue depositada este lunes en el Palacio Nacional por la Fundación de Orientación Comunitaria y Tributaria, Incorporada (Focot), las federaciones de Campesinos Hacia el Progreso (FCHP) y Provincial de Asociaciones Sociales, Incorporada (Fepas), el Frente de Organizaciones Populares de la Zona Este y la Unión de Juntas de Vecinos (Unijunve).
Representantes de esas entidades dijeron que sustentan su petición en las constantes violaciones a las leyes 498-06, de Planificación e Inversión Pública, y su Reglamento, y la 507-05, que transfiere a las provincias Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez las 285 mil 982 acciones del Estado en la Falconbridge.
Sugieren al mandatario que los tres patronatos de administración de los recursos mineros de la provincia Monseñor Nouel sean creados en base a la Ley 122-05, que regula y fomenta las asociaciones sin fines de lucro, por consenso popular, de forma proporcional, a fin de garantizar la participación de todas las personas que representen a instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la provincia.
También pidieron al Presidente que designe los funcionarios del Estado que serían miembros ex oficios y/o asesores de los patronatos.
En el documento de solicitud expresaron su confianza en que el presidente Danilo Medina y los funcionarios receptores entiendan que la sociedad de Monseñor Nouel “no pude seguir maltratada, engañada y pisoteada”, en referencia a las violaciones a las mencionadas leyes y sus reglamentos.
“Las organizaciones que hemos tomado la presente iniciativa estamos abiertas y dispuestas a reunirnos en cualquier escenario para discutir los temas tratados en ese documento”, afirman.
Dijeron esperar una pronta respuesta del mandatario y solución satisfactoria del Gobierno a la solicitud depositada en el Palacio Nacional.
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