Escrito por: GEOMAR GARCIA Y JOSE MIGUEL MONTERO
El Nacional/MAO, Valverde.- Cuando por ignorancia o exceso de habilidad Gerónimo Emilio Moronta y Luis José de la Cruz metieron siete becerros en una vieja ambulancia para llevarlos a la Línea Noroeste, probablemente no pensaron que eso les costaría tres meses de prisión, sólo para empezar.
Partieron de Santiago en el viejo minibús rojo vino con un letrero precedido de un asterisco que dice: “Servicios Funerarios San Rafael”.
Además de transportar enfermos y cadáveres, sólo los narcotraficantes habían recurrido al uso de ambulancias para transportar drogas.
Aunque la veterinaria ha evolucionado bastante, por lo menos aquí no se tiene noticia de que haya ambulancias para animales.
Tanto las leyes sanitarias como las de sustancias controladas castigan ambas acciones.
Silverio Amarante, administrador de la Funeraria San Rafael, dueña del minibús, alega que se trata de un vehículo que fue utilizado para servicios fúnebres, pero está descontinuado y no le han quitado el letrero.
Afirmó que ni siquiera se lo alquilaron a Moronta y De la Cruz sino que se lo prestaron desinteresadamente.
En el caso de Moronta y De la Cruz, quienes alegan haber comprado los animales aunque en principio no pudieron probarlo, se ignora si son presas de la inocencia o de la sapiencia.
La inusual acción llamó la atención de miembros del G-2 y efectivos de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, que detuvieron a Moronta y De la Cruz, cuando pasaban por la fortaleza.
Según las autoridades, los dos hombres, aunque alegaron haber comprado los animales a Alejandro Santana Torres, no pudieron probarlo.
Seis horas después de su detención se presentó José del Carmen Generes, quien dijo ser alcalde pedáneo aunque no se sabe de qué lugar, con la certificación C-A-1, que según él amparaba el traslado de los animales, indica un informe del G-2.
“Dicho documento ignora la clase, estampa, señales y pesos de las reses, además de la falta de la fecha de expedición”, destaca el informe.
Frente a la violación a las leyes, las autoridades militares pasaron el caso al Ministerio Público, y anoche un juez de la Instrucción les impuso tres meses de prisión como medida de coerción.
Los animales también permanecen bajo custodia de las autoridades.
El Nacional/MAO, Valverde.- Cuando por ignorancia o exceso de habilidad Gerónimo Emilio Moronta y Luis José de la Cruz metieron siete becerros en una vieja ambulancia para llevarlos a la Línea Noroeste, probablemente no pensaron que eso les costaría tres meses de prisión, sólo para empezar.
Partieron de Santiago en el viejo minibús rojo vino con un letrero precedido de un asterisco que dice: “Servicios Funerarios San Rafael”.
Además de transportar enfermos y cadáveres, sólo los narcotraficantes habían recurrido al uso de ambulancias para transportar drogas.
Aunque la veterinaria ha evolucionado bastante, por lo menos aquí no se tiene noticia de que haya ambulancias para animales.
Tanto las leyes sanitarias como las de sustancias controladas castigan ambas acciones.
Silverio Amarante, administrador de la Funeraria San Rafael, dueña del minibús, alega que se trata de un vehículo que fue utilizado para servicios fúnebres, pero está descontinuado y no le han quitado el letrero.
Afirmó que ni siquiera se lo alquilaron a Moronta y De la Cruz sino que se lo prestaron desinteresadamente.
En el caso de Moronta y De la Cruz, quienes alegan haber comprado los animales aunque en principio no pudieron probarlo, se ignora si son presas de la inocencia o de la sapiencia.
La inusual acción llamó la atención de miembros del G-2 y efectivos de la Cuarta Brigada de Infantería del Ejército, que detuvieron a Moronta y De la Cruz, cuando pasaban por la fortaleza.
Según las autoridades, los dos hombres, aunque alegaron haber comprado los animales a Alejandro Santana Torres, no pudieron probarlo.
Seis horas después de su detención se presentó José del Carmen Generes, quien dijo ser alcalde pedáneo aunque no se sabe de qué lugar, con la certificación C-A-1, que según él amparaba el traslado de los animales, indica un informe del G-2.
“Dicho documento ignora la clase, estampa, señales y pesos de las reses, además de la falta de la fecha de expedición”, destaca el informe.
Frente a la violación a las leyes, las autoridades militares pasaron el caso al Ministerio Público, y anoche un juez de la Instrucción les impuso tres meses de prisión como medida de coerción.
Los animales también permanecen bajo custodia de las autoridades.
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