"Denuncias de ciudadanos" motivaron allanamientos.

SANTO DOMINGO/Almomento.net.- Los registros a la residencia y oficinas del periodista Guillermo Gómez, así como al periódico Elsiglo21, de su propiedad, fueron motivadas por denuncias de ciudadanos, reveló este viernes la Fiscalía del Distrito Nacional.

Las denuncias, supuestamente, establecen que las cuentas de correos electrónicos fueron "hackeadas" mediante acciones ilícitas para obtener informaciones confidenciales

No obstante, en una escueta nota, la información autorizada por la fiscal Yenni Berenice Reynoso no ofrece mayores detalles sobre los ciudadanos que habrían formulado denuncias contra el comunicador y su periódico digital.

En los registros, al parecer dirigidos por la Procuraduría General de la República y organismos de seguridad del Estado, no fueron integrados los representantes de la Fiscalía del Distrito Nacional cuando acudieron al periódico Elsiglo21.com.

Por tal razón, la declaración precisa que "la Fiscalía no participó en el allanamiento de medio de comunicación alguno".

Aseguró que los domicilios registrados, con las debidas órdenes del Juez de la Instrucción, en el referido caso, "no incluyen ningún medio de comunicación".

"El Ministerio Público, como garante del Estado de Derecho, reitera su absoluto respeto a la libertad de prensa y a la libre expresión y difusión del pensamiento", dice la nota de la Fiscalía.

Las intervenciones fueron calificadas de inmediato por el periodista como "acciones politiqueras" que buscaban desprestigiarlo y callarlo por “decir la verdad”.

“De que se trata este montaje, contra la oficina de un comunicador responsable, que no le teme al poder, que respeta el símbolo presidencial, pero que ahora, su interés es llevarse la historia de mi vida profesional”, explicó Gómez al abandonar sus oficinas después del mediodía de ayer porque las autoridades del Ministerio Público revisaban los videos de su programa.

El comunicador no quiso entregar ni explicar en qué se basa el acta expedida por el juez de atención permanente del Distrito Nacional que autorizaba el allanamiento.