Desde octubre del año pasado a la fecha, el Sistema Nacional de Armas (SISNA) ha emitido cerca de 40 mil licencias inteligentes, que contienen la biometría del portador, foto, y un código QR de doble encriptación.
Éste código, conforme explica el director del Laboratorio Balístico y Biométrico (LABBS) del SISNA, Antonio Valerio, permite que con una simple lectura a través de un teléfono, el agente pueda tener, en cuestiones de segundos, la información exacta del arma requisada y su propietario, y proceder a su retención en caso de alguna irregularidad.
Valerio explica que el programa emite, además, un reporte con los resultados de las consultas, para que las autoridades puedan dar seguimiento a los agentes actuantes en las calles sobre cantidad de armas requisadas, y cuáles debieron ser retenidas o no. Pero admite que esta tecnología no se aplica todavía, porque los agentes no disponen del dispositivo móvil que haga la lectura.
Para los especialistas en el tema de seguridad, ex general Juan Tomás Taveras Rodríguez y Wilfredo Mora, el no uso de dicha tecnología responde al desinterés que tienen las autoridades para enfrentar la criminalidad del país.
"No hay interés de que se apliquen los controles y que funcionen, porque en el fondo se benefician de todo eso", sostiene Taveras Rodríguez. Cuestiona que las inversiones que se hacen en el país en equipos y programas de seguridad no sean sistemáticas.
La puesta en operación del LABBS, en octubre pasado, tuvo una inversión de alrededor de US$20 millones, incluida la licencia. La tecnología será soporte de los cuerpos investigativos del país, tales como la Procuraduría General de la República, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), y la Policía Nacional, porque permite identificar a los autores de delitos cometidos con armas de fuego.
El lunes, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, refirió estadísticas de esa entidad que muestran que sólo en los primeros seis meses de este año 576 personas murieron a consecuencia de heridas con armas de fuego. Sus declaraciones las hizo en medio de un acto de incineración de 2,000 armas, en el que llamó a una movilización en favor del desarme de la población.
No es urgente
Para Wilfredo Mora, que es presidente de la Sociedad Dominicana de Criminología, el desarme no es lo urgente, aunque reconoce que las armas son proporcionales a la violencia. "A más armas, más criminalidad", dice.
Entiende que antes de empezar a desarmar a la población, se tiene que eliminar la corrupción de los organismos que se encargan de la seguridad de los ciudadanos. Acusa a políticos, policías y militares de promover el comercio y reparto de las armas.
También se debería -a su juicio- orientar a la población sobre la necesidad o no de tener un arma de fuego- y los riesgos mayores que implica su uso para el que la posee. Sobre todo, aboga porque se eliminen la armas ilegales.
En eso coincide Taveras Rodríguez, para quien resulta contraproducente que se hable de desarme de la población, sin controlar el contrabando de armas.
"Las armas ilegales duplican las legales, y el hecho de desarmar se entiende que es para el que tiene una legal, pero, ¿qué pasará con el que la tiene ilegal? Es algo muy complicado y complejo que debería llevar primero una concienciación nacional, para que las personas sepan y denuncien a quien tiene una, y que los ciudadanos confíen en los agentes que deben brindarles protección", dice.
Registro
Según datos del Sistema Nacional de Armas (SISNA), en el país existen 240 mil armas legales. De esa cantidad, cada año se renueva un promedio de 125 mil. De acuerdo con Antonio Valerio, el Laboratorio Balístico y Biométrico LABBS ha registrado unas 40 mil armas, y se espera que para mediados del próximo año se completen las restantes. A partir de entonces, se iniciaría el operativo con las armas de los agentes policiales y militares.
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