Bogotá/EFE.- La notaria colombiana Sonia Burbano recuperó hoy la libertad al cabo de casi un mes de su secuestro, que las autoridades atribuyen a la guerrilla del ELN y que culminó gracias a la presión del Ejército, dijo su hermano, Édgar Burbano, a la prensa local.
“La liberación de mi hermana se produjo por presión del Ejército que desde el mismo día que la secuestraron emprendió la búsqueda del sitio donde la mantenían oculta”, dijo el hermano de la víctima en declaraciones al Diario del Sur de Pasto, capital de Nariño (suroeste), en su edición digital.
La notaria fue secuestrada el pasado 7 de febrero, cuando se dirigía a su oficina en el municipio nariñense de La Cruz, y permaneció cautiva hasta las 12:30 hora local (17:30 GMT) de este lunes, cuando sus secuestradores la dejaron libre en una zona rural del municipio de Mercaderes, en el vecino departamento del Cauca.
En el momento en que la hicieron cautiva, Burbano iba acompañada de su conductor y un abogado, que fueron puestos en libertad horas más tarde de ese mismo día.
La profesional del Derecho fue recogida por su familia y trasladada a su casa, donde un equipo médico examinó su deteriorado estado de salud.
“Sonia llegó bastante delicada de salud, debido a las largas caminatas a la que fue sometida durante el tiempo de su cautiverio”, comentó el hermano.
Días después del secuestro, según recordó el rotativo, el subcomandante de la Policía de Nariño, el coronel Ángel Hugo Rojas, confirmó que la notaria estaba en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que había sido trasladada a una zona montañosa del Cauca.
De los 255 secuestros perpetrados entre enero y noviembre de 2011 según cifras de la división de Antisecuestro de la Policía Nacional de Colombia, 145 fueron atribuidos a la delincuencia común, 72 a las FARC, 30 al Ejército de Liberación Nacional (ELN, segunda guerrilla) y 8 a bandas criminales herederas de las estructuras paramilitares.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron el pasado 26 de febrero su decisión de abandonar la práctica del secuestro con fines de financiación y arma de lucha, al tiempo que se comprometieron a liberar a los últimos diez uniformados en su poder, aunque no mencionaron la cifra de civiles que todavía tienen cautivos.
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