Fuente: El Nuevo Herald SANTO DOMINGO.- Un grupo de ambientalistas dominicanos protestó este lunes para exigir la prohibición de uso de cianuro por parte de la transnacional Barrick en la extracción de oro por considerar que representa un peligro para el medioambiente.
"No hay forma de garantía absoluta de que no se produzcan derrames de esta sustancia, ya sea durante su transporte, uso o almacenamiento", consideró Ariel Contreras, vocero del grupo SalvaTierra.
Con máscaras antigás, los ambientalistas se manifestaron afuera del edificio que aloja algunas de las oficinas administrativas de la minera, donde colocaron una enorme pancarta con el lema "La vida vale más que el oro".
El vocero de la minera, Jorge Esteva, quien se reunió brevemente con los ambientalistas, insistió que la compañía ha tomado todas las previsiones para evitar derrames y cualquier daño ambiental.
Las canadienses Barrick Gold y Goldcorp adquirieron en 2005 la empresa que tenía desde 2001 los derechos de explotación de oro, plata, zinc y níquel de la antigua mina de Pueblo Viejo, a unos 95 kilómetros al norte de Santo Domingo.
La minera, que anunció una inversión de 3.500 millones de dólares, la más alta que se ha hecho en República Dominicana, calcula que la mina cuenta con reservas de 22 millones de onzas de oro y una vida útil de al menos 25 años.
La extracción de oro, para la cual se utiliza el cianuro, estaba prevista a comenzar a finales del 2011, pero aún no se ha iniciado.
El grupo SalvaTerra recordó que, según un estudio de impacto ambiental prestado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2008, se deberán procesar 24.000 toneladas del sulfuro al día para extraer un millón de onzas (28.350 kilogramos) de oro al año.
"Se está poniendo en riesgo de contaminación con cianuro al mayor embalse del país: la presa de Hatillo", alertó el grupo SalvaTierra en un documento.
La mina estuvo en explotación por la compañía Rosario Dominicana de 1975 a 1999, cuando dejó daños ambientales valorados por el Estado dominicano en 75 millones de dólares.
Como parte del contrato de concesión, Barrick se comprometió a pagar al Estado 37,5 millones de dólares para remediar los daños ambientales provocados por la Rosario entre 1975 y 1999.
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