Una derrota parcial de la ley SB1070.

Pilar Marrero/ La Opinión -La ya muy célebre Ley de Arizona (SB 1070) seguirá sin ser aplicada en la mayoría de sus cláusulas gracias a la reafirmación que un panel del Noveno Circuito de Federal de Apelaciones hizo ayer de la decisión de un tribunal federal inferior.

La gobernadora de ese estado, Jan Brewer, anunció que apelará la decisión hasta llegar a la Corte Suprema pero, por el momento, cuatro cláusulas de la SB 1070, incluyendo la cláusula 2 que requiere a los policías revisar el estatus migratorio cuando detienen a alguien, seguirán sin ser aplicadas.

El fallo del tribunal de apelaciones, redactado por el juez Richard Paez, ofrece un adelanto del posible resultado final de esta demanda, ya que al analizar los méritos de cuatro cláusulas de la ley, los jueces hallaron conflictos con la ley federal y un grave daño a la política exterior del país, entre otros problemas, si se aplicara la ley.

“En vista de lo anterior, concluimos que Estados Unidos ha logrado demostrar que no hay circunstancias bajo las cuales las secciones relevantes de la SB1070, llegarían a ser válidas”, escribió el juez Páez.

En su página de Facebook, la gobernadora Jan Brewer escribió la siguiente reacción al fallo: “el Noveno cirtuito negó mi apelación sobre la SB1070, pero esta lucha no ha terminado… llevaré esta batalla hasta la Corte Suprema por el derecho de proteger a los ciudadanos de Arizona y de Estados Unidos”.

Abogados y activistas pro inmigrantes reaccionaron alegremente a la decisión, anticipando que este caso legal no sólo terminará por derrotar a la Ley de Arizona, sino que hará que otros estados que consideran leyes similares lo piensen dos veces.

“La decisión del Noveno Circuito es un sonoro alerta para cualquier estado que esté considerando la aprobación de su propia ley de inmigración inconstitucional, ya sea copiando o ampliando la SB1070, ley que está destinada al fracaso”, dijo Thomas Saenz, presidente de MALDEF. En este momento, los estados de Georgia, Florida y Alabama están considerando leyes similares a la de Arizona.

El tribunal falló en la demanda del Departamento de Justicia contra el estado de Arizona, aunque otras demandas siguen en pie, incluyendo una emprendida por la misma MALDEF y otras organizaciones de derechos civiles.

El abogado principal de litigación nacional de MALDEF, Victor Viramontes, dijo que una vez que Arizona haga sus correspondientes apelaciones, sea a otro panel más numeroso del Noveno Circuito o a la Corte Suprema y éstas decidan —ellos esperan que no acepten el caso o lo reafirmen— los litigantes buscarán una orden permanente prohibiendo la implementación de las secciones 2, 3, 5 y 6 de la ley SB1070.

Estas secciones son: la 2, que requiere a policías revisar estatus migratorio de quienes detienen, la sección 6, que permite el arresto de una persona bajo sospecha de cometer un delito que la hace deportable, la 3 que criminalizaría la falta de documentos de registro y la 5, que hace ilegal el trabajo por parte de personas indocumentadas.

El tribunal federal y la jueza Susan Bolton, en su fallo de julio pasado, permitieron que entraran en vigencia otras cláusulas de la ley, incluyendo la que penaliza que un vehículo en la vía pública acepte a jornaleros no autorizados para trabajar. MALDEF ha demandado también individualmente para tratar de invalidar estas otras cláusulas, dijo Viramontes.

Activistas de la Red de Jornaleros (NLON) dijeron ayer que ahora es momento de que el gobierno de Obama vaya más allá y anule los contratos que tiene con Arizona para que los policías y cárceles identifiquen a indocumentados.

“Estamos contentos, aunque ahora los abogados del Departamento de Justicia [DOJ] deberían ocuparse de llevar al sheriff Joe Arpaio a la justicia”, dijo Carlos García, de NLON.

La sección de derechos civiles del DOJ inició una investigación sobre el sheriff Arpaio hace dos años, pero ésta hasta ahora no ha rendido frutos.