Por El Caribe El presidente de la Suprema Corte de Justicia calificó de preocupante la denuncia de que abogados laborales utilizan alguaciles y bandas para ejecutar embargos en los hoteles de la región Este sin notificar supuestas deudas.
A continuación la misiva remitida al director de El Caribe, Manuel A. Quiroz, por el doctor Jorge Subero Isa, a propósito de una solicitud de opinión hecha al magistrado por la dirección del diario:
“Desde hace algún tiempo en el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia se está trabajando en un proyecto de ley para regular la ejecución de las sentencias en los asuntos civiles, laborales, tierras, etc., con el establecimiento de un órgano de ejecución muy parecido al que contempla el Código Procesal Penal, que es el juez de la Ejecución de la Pena, pues realmente en la práctica y desde hace mucho tiempo se están cometiendo grandes abusos contra ciudadanos y empresas a consecuencia de embargos ejecutados sin el auxilio de la fuerza pública y con una marcada complicidad de abogados, alguaciles y otras personas.
Tengo conocimiento de muchos talleres de mecánica, salones de belleza y otros pequeños negocios que han sido prácticamente saqueados por la acción de ejecutantes de sentencias desaprensivos.
Como Poder Judicial tenemos el control disciplinario de los alguaciles y hemos actuado contra ellos cuando se han producido denuncias serias y sancionados cuando se comprueban los hechos imputados, pero con respecto a los abogados y otros actores no tenemos esa facultad.
El asunto denunciado en cuanto a sentencias dictadas por tribunales que no corresponden a la jurisdicción del tribunal, debo decirle que se trata de un problema procesal y que sin modo alguno tratar de justificar los hechos, la incompetencia debe ser planteada en cada caso por ante el tribunal correspondiente.
Es un asunto que nos mueve a preocupación, pues el área afectada y denunciada por ustedes es muy sensible para la economía nacional.
Estamos en disposición de proceder a una profunda investigación de los hechos relatados, pero necesitamos que de manera particular se produzca una denuncia concreta. Agradezco profundamente a El Caribe su siempre disposición de contribuir con el saneamiento de nuestra administración de justicia.
Abrazos.
Jorge Subero Isa
Dispone investigación
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez, instruyó ayer investigar la denuncia hecha por hoteleros de la región Este de que abogados y alguaciles se apoyan en bandas para embargar compulsivamente los hoteles afectando el turismo en la zona.
Mediante el oficio número 17-17, el más alto representante del Ministerio Público encargó de la investigación al procurador general adjunto, Bolívar Sánchez, encargado de Asuntos Internos de la Procuraduría y quien presidirá la comisión; al fiscal del distrito judicial de Higüey, Manuel Emilio Santana Montero, y al magistrado Francisco Polanco, fiscal adjunto del Distrito Nacional, asignado a la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja.
“Las instrucciones fueron dadas mediante oficio, donde el procurador les expresa que deben establecer responsabilidades y aplicar todo el peso de la ley a las personas que se dediquen a ese tipo de actividades, que calificó de delincuenciales”, dice un comunicado de la Procuraduría General de la República entregado a los medios de comunicación.
De acuerdo a la denuncia, abogados laborales que utilizan alguaciles y bandas han ejecutado “embargos-asaltos” para cobrar supuestas deudas con propietarios de hoteles y gerentes de la región Este, principalmente en la provincia La Altagracia, sin que antes hayan sido notificados, denunciaron los hoteleros.
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