Palma de Mallorca (España), (EFE).- La
exinfanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue imputada hoy por un
juez español por dos delitos fiscales y por blanqueo de dinero, mientras
su esposo lo fue por otros siete supuestos cargos, en una investigación
por presunta corrupción.
El juez José Castro emitió hoy un auto en la
ciudad de Palma de Mallorca, donde se lleva la causa, que pone fin a una
larga instrucción en la que imputa a quince personas en el llamado
"caso Nóos".
Nóos es el nombre de una entidad sin ánimo de
lucro presidida entre 2003 y 2006 por el cuñado del rey, Iñaki
Urdangarin, y a la que supuestamente se desviaron hasta seis millones de
euros procedentes de fondos públicos.
Según el auto, hay "sobrados indicios" de que
Cristina de Borbón, de 49 años, intervino en la presunta trama corrupta
"lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo
hiciera su marido", mediante una "colaboración silenciosa".
La intervención de la hermana del rey fue mediante
"la colaboración silenciosa de su 50 por ciento de capital social de
los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon", de
la que el otro cincuenta por ciento era de su esposo.
Según el juez, dichos fondos "ilícitos" proceden
del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas, a los que se añaden
el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones
fiscales".
Castro considera "difícil compatibilizar" que
Aizoon fuera "una sencilla y entrañable entidad familiar" con el hecho
de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con
numerosas sociedades del entramado de Nóos.
Cristina de Borbón acudió a declarar ante el juez
el pasado 8 de febrero, aunque su actitud "se aproximó en la práctica
más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de
hacerlo", según el auto.
Sobre Urdangarin pesa la imputación por nueve
delitos, ya que es considerado supuesto autor de malversación,
prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias,
falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales
por el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.
El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca,
anunció que recurrirá su imputación, por entender que no hay base
jurídica para ello y que el instructor no ha tenido en cuenta informes
de la Agencia Tributaria española que, en su opinión, exonerarían a su
defendida.
También recurrirá el fiscal anticorrupción Pedro
Horrach, para quien "sigue sin existir ningún elemento en contra" de la
infanta Cristina, que "ha sido imputada por ser quien es", en alusión a
su parentesco con el rey.
Horrach dijo a Efe que la infanta ha sido tratada
de manera "injusta" y añadió que tras escuchar a "trescientas treinta y
pico personas" no existen elementos incriminatorios contra ella.
Los recursos implican que corresponderá a una sala
de la Audiencia Provincial de Palma, integrada por varios magistrados,
decidir si finalmente la infanta es procesada, lo que sería un hecho
inédito en la historia de España.
Tras conocer el auto, un portavoz de la Casa del
Rey expresó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial",
una fórmula que también empleó en nombre del Gobierno el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
"En este país la ley es igual para todos", señaló
el ministro, quien recordó las palabras de Felipe VI durante el discurso
inaugural de su reinado, el pasado día 19, cuando proclamó su respeto a
la independencia judicial.
La nota dominante en las reacciones políticas en
España a esta decisión de Castro fue mostrar respeto a la independencia
del juez, aunque diversas formaciones de izquierda fueron más lejos y
apuntaron su convicción de que se trata de un triunfo de la Justicia,
por el simbolismo de ver como imputados a personas vinculadas por
parentesco al rey.
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