miércoles, 26 de noviembre de 2008

Candelier llama a no acatar la resolucion sobre porte de armas


SANTO DOMINGO.- El ex candidato presidencial Pedro de Jesús Candelier condenó la conducta de doble moral de Franklin Almeyda Rancier, cuando emite una resolución para prohibir el porte de armas de fuegos en diciembre, armas que de manera legal miles de dominicanos han adquiridos, para la protección de sus negocios y familias. Almeyda Rancier anunció a los medios de comunicación, la entrada en vigencia de la resolución 01-08, a partir del 1 de diciembre, dicha resolución prohíbe a los civiles el porte de sus armas de fuego, aun tengan el premiso legal correspondiente, dicha resolución tiene alcance y vigencia para todo el territorio nacional para el mes de diciembre.
Esta mañana la Federación Nacional de Productores de Arroz dijo esta mañana que ninguno de sus miembros acatará la resolución, argumentando que trabajan en comunidades rurales en donde no suficiente vigilancia policial, además de que manejan altas sumas de dineros en efectivos.Candelier calificó como "disparates e improvisaciones" la prohibición del porte de armas de fuego en el mes de diciembre por parte del ministro de Interior y Policía.
"Nosotros saludamos las valientes declaraciones del presidente de la Asociación de arroceros del país, Olivero Espalliat Bencosme, al afirmar que no se dejarán despojar de un derecho adquirido (...) por la acción caprichosa de Franklin Almeyda" comentó el ahora miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y director de su Comisión de Seguridad Ciudadana.
"Yo llamó-continuó exponiendo Candelier- a todos los sectores nacionales organizados, a no hacerle caso a esta ilegal y caprichosa resolución del secretario de Interior y Policía por considerar que es injusto desarmar a aquello dominicanos que han optado legalmente por el porte de una arma de fuego, para defenderse de una delincuencia bien organizada, bien armada y con grandes recursos económicos"
Candelier, que fungió como jefe de la Policía en el primer gobierno de Leonel Fernández y tambien en la administración de Hipólito Mejia, estimó que un eventual desarme de la población civil legalmente armada facilitaría las acciones de los delincuentes.

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