jueves, 20 de noviembre de 2014

Será complicado para republicanos detener acción ejecutiva.

Tanto la Corte Suprema de la Nación como expertos en ley constitucional coinciden que el Presidente tiene “amplia discreción para establecer prioridades para la deportación”, indicando que una acción ejecutiva del mandatario demócrata Barack Obama podría superar cualquier escollo legal que se interponga en su camino.
Es decir, es poco probable que una demanda legal contra el Presidente por parte de los republicanos pueda tener éxito, pero eso no quiere decir que no vayan a intentar, por todos los medios, tratar de detener la implementación de la medida.
Tom Saenz, director de MALDEF y abogado experto en estos temas indicó que lo más probable es que se presente una demanda para intentar detener  la acción ejecutiva.
“Es difícil saber qué puede decidir un juez, pero para lograr una orden temporal que suspenda la acción ejecutiva deben probar que hay un daño inminente a los demandantes y eso lo veo muy difícil”, dijo Saenz.
Aparte de una demanda, los republicanos estarían considerando medidas legislativas para anular ciertos poderes del presidente y un juicio de destitución.
Cada una de estas opciones es problemática, ya que Obama puede vetar cualquier legislación que apruebe el Congreso y los republicanos no tienen los votos suficientes para un juicio de destitución.

¿Qué puede hacer el Presidente?

Los expertos indican que todo va a depender de qué medidas toma el presidente. Obama no puede cambiar la ley solo, sin ayuda del Congreso, pero sí puede usar su autoridad ejecutiva para aplicarla selectivamente, es decir escoger en quién se aplica y en quién no.
“El presidente solo está considerando alivios temporales, no va a cambiar las reglas de otorgar residencia o ciudadanía”, dijo Hiroshi Motomura, profesor de ley de inmigración en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).  “Yo creo que mientras sea selectivo y se enfoque en grupos específicos de personas, podría llegar bastante lejos”.
Motomura fue uno de más de 130 expertos legales y constitucionales que han escrito al Presidente afirmando su autoridad para emprender acción ejecutiva en inmigración.
Incluso expertos conservadores coinciden en que la discreción procesal es legal y usada regularmente por muchos mandatarios en la historia.
“Esto puede ser muy odioso para muchos de nosotros, pero no veo cómo puede ganar el argumento de inconstitucionalidad si se ejerce discreción”, dijo Christopher Schoreader, profesor de leyes de Duke University.
El Congreso podría, según otros expertos, tratar de buscar otras formas de impedir la aplicación de cualquier programa anunciado, por ejemplo, no aprobando fondos para los mismos. No obstante, este puede no ser un gran problema ya que la inmensa mayoría de los beneficios migratorios son autofinanciados con las tarifas que pagan los solicitantes.
Un juez federal desechó una demanda presentada por el Sindicato de Agentes de Inmigración luego que el Presidente anunció DACA para los “dreamers” en 2012. La demanda alegaba que la orden obligaba a los agentes a “violar la ley”, pero la misma no prosperó ni detuvo la implementación de DACA temporal o permanentemente.......

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