GUATEMALA/AP. — El ministro
de Gobernación declaró el estado de sitio en una región norteña de
Guatemala el martes por la noche después de que más de 200 personas
encapuchadas blandiendo machetes y palos, y con armas de fuego tomaron
un destacamento militar en Barillas, en el departamento de
Huehuetenango, fronterizo con México.
El ministro de Gobernación, Mauricio
López Bonilla anunció el envío de tropas militares y fuerzas policiacas
desde la capital para restaurar el orden. Dijo que también había
ordenado una investigación para corroborar los hechos.
Las autoridades guatemaltecas informaron
que las personas habían evacuado el destacamento militar pero que la
situación caótica persistía con viviendas encendidas y obstáculos en la
ruta hacia Barillas.
El vocero del ministerio de Defensa,
Rony Urizar, dijo que el disturbio se produjo a raíz de que una persona
fue abatida a tiros la misma tarde del martes y que los habitantes
querían exigir justicia.
"La turba de más de 200 personas se
infiltró en el destacamento militar, golpeando a soldados y oficiales",
explicó Urizar a The Associated Press durante una conversación
teléfonica.
Agregó que, "ellos creen que el
asesinato del fallecido tiene que ver con la presunta presión que estaba
ejerciendo una empresa de hidroeléctrica en la zona".
Un comunicado emitido por la empresa
Hidro Santa Cruz, que construye la hidroeléctrica en cuestión, exhorta a
que el gobierno restablezca el orden ya que "a pesar de las cuantiosas
perdidas materiales y amenazas sufridas en el desarrollo de nuestro
proyecto nunca hemos respondido con amenazas ni violencia hacia los
detractores del proyecto".
El altercado entre militares y civiles
dejo herido a un militar con lesiones en la cabeza el cual fue
transportado al hospital. También desaparecieron tres soldados armados
pero fueron encontrados en horas de la noche, señaló Urizar.
Durante el gobierno del anterior
presidente Alvaro Colom (2008-2012) se decretó el estado de sitio en dos
ocasiones. La primera en Cobán y luego en Petén después de una masacre
en la que 27 campesinos fueron asesinados, en su mayoría decapitados, en
una acción que fue atribuida al cartel mexicano de los Zetas en el
2011.
Durante años campesinos y grupos
defensores de los derechos humanos en Guatemala han denunciado las
técnicas de empresas y del gobierno para apoderarse de tierras en el
país.
Un informe de la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado
en marzo reveló que el organismo judicial emitió 44 órdenes al
ministerio público con el fin de llevar a cabo desalojos con el apoyo de
la Policía Nacional Civil.
La mayoría de los desalojos ocurrieron
en el Valle de Polochic (Alta Verapaz), los cuales afectaron a 732
familias de la etnia qeqchis, 139 campesinos en el departamento de
Retalhuleu y 69 familias en el Parque Sierra en Petén.
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