Dhanpura (India), (EFE).- Rabia tenía
15 años cuando el pasado septiembre murió tras ser violada en el norte
de la India, pero casi un año más tarde los culpables siguen en libertad
gracias al soborno de 300.000 rupias (3.700 euros) que se jactan de
haber pagado a la Policía.
Son conscientes de que la familia de la joven,
agricultores sin "tierras, dinero ni apoyos", poco pueden hacer frente a
ellos, tal y como reconoce a Efe con amargura el padre de Rabia,
Rahmat, mientras aprieta entre sus manos una foto de su hija fallecida.
La Policía es la institución india que más
sobornos recibe, con un 62 por ciento de agentes corruptos, de acuerdo
con un estudio publicado en 2013 por la ONG Transparencia Internacional.
El alto índice de corrupción, sumado al repudio
que sufren en la India las mujeres violadas, hace que la mayoría de
estos casos, muy frecuentes en el país, no salgan nunca a la luz.
La noche del 1 de septiembre de 2013 Rabia había
salido al aseo, situado a escasos diez metros de su casa, cuando un
grupo de unos siete u ocho hombres se la llevó a punta de pistola para
violarla repetidamente.
Cuatro o cinco horas más tarde, la abandonaron
cerca de su casa, no sin antes advertirla de que "si contaba algo,
matarían a su padre y a sus hermanos pequeños", explica el progenitor de
la víctima.
Esa noche, Rahmat y su mujer habían ido al
hospital con otra de sus hijas y no se podían imaginar que poco tiempo
después tendrían que regresar para intentar salvar a Rabia.
Cuando la encontraron "su boca estaba llena de
espuma", pero la chica, "casi inconsciente", tuvo tiempo de contar cómo
sus violadores la habían envenenado, antes de perder la vida de camino
al hospital.
En presencia de algunos familiares y vecinos del
pueblo, la joven explicó que entre los verdugos había reconocido a dos
varones del pueblo, Nadin y Waseem.
La residencia de este par de "poderosos" hermanos
yace a sólo unos metros de la humilde vivienda que Rabia compartía con
algunos de sus hermanos, su padre y la segunda mujer de éste.
"Los médicos también confirmaron el
envenenamiento, pero no tenemos ningún informe. Teníamos tanto miedo que
no hicimos nada. Pensábamos huir del pueblo. Se había ido mi hija, se
había ido el respeto, así que nos iríamos nosotros también", se lamenta
Rahmat.
Amenazas de muerte, falsas acusaciones sobre
delitos e insultos, son algunas de las tácticas empleadas por los dos
hermanos para tratar de silenciar a los parientes de la víctima.
La mujer de Rahmat cuenta cómo se acercan a la
casa para insultarla e intimidarla: "Puta, hemos violado a tu hija y
ahora te vamos a violar a ti", le dicen.
El pasado abril la situación se volvió
insostenible, así que Rahmat decidió emprender acciones legales, no sin
antes casar prematuramente a su hija pequeña, de sólo 14 años, para
asegurarse de que estaría protegida.
En los últimos meses, Rahmat expuso su caso ante
la Policía de su localidad, el superintendente regional, el máximo
oficial rural y la Comisión de Derechos Humanos.
Sin embargo, cada persona a la que acude termina
dándole la espalda, "después de reunirse con la familia de los
acusados", a cambio de un puñado de rupias, asegura el agricultor.
En la India sólo se denuncian el 15 por ciento de
las violaciones a menores y los casos en los que los acusados son
condenados representan un escaso 32 por ciento, de acuerdo con la
Delegación de Registro Nacional de Crímenes.
A Rahmat no le intimidan esas cifras, porque a sus
más de 60 años ha enterrado el miedo y está dispuesto a luchar contra
viento y marea hasta ver entre rejas a los asesinos de su pequeña.
"Ha muerto mi hija y me han perdido el respeto. Si
muero yo la gente del pueblo simplemente seguirá con su vida", afirma
con la mirada perdida, mientras sus hijos pequeños juegan a su
alrededor, ajenos a lo que sucede. EFE
Autor: Noemí Jabois
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