Lima, (EFE).- El expresidente peruano
Alberto Fujimori (1990-2000) seguirá en prisión después de que la
Justicia rechazó hoy su petición de acabar de cumplir en arresto
domiciliario la sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos
humanos a la que fue condenado en 2009.
El juez supremo Segundo Morales declaró infundada
la solicitud porque no existe una ley que faculte tramitar ese pedido,
dado que el arresto domiciliario se aplica para los procesados con
juicios en curso y no con sentencias firmes y ratificadas.
El expresidente escuchó la resolución cabizbajo y sentado en un escritorio.
El abogado del exmandatario, William Castillo,
había pedido el cambio del arresto efectivo por el domiciliario apelando
a la avanzada edad del expresidente, a su precario estado de salud y a
la ausencia de peligro para la sociedad.
Tras conocer la decisión del juez, el abogado de
Fujimori interpuso un recurso de apelación, el cual será resuelto en
otra sala de la Corte Suprema.
En su resolución, Morales explicó que "las
sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no
nos facultan a conceder el beneficio solicitado por el sentenciado".
"Conceder el arresto domiciliario postcondena, en
aplicación de principios humanitarios, sólo sería posible a delitos de
menor lesividad, mas no tratándose de delitos cuyos autores han sido
condenados por sentencias judiciales expedidas por tribunales nacionales
y ratificados por tribunales internacionales", agregó.
El magistrado citó, entre los cargos que
imposibilitan otorgar ese beneficio, "los delitos que han vulnerado
derechos fundamentales para los cuales no les son aplicables los
beneficios de la amnistía, la prescripción, ni el indulto".
Morales añadió que los argumentos jurídicos del pedido carecían de total sustento.
El exgobernante cumple su condena en una celda
especialmente construida para él en la prisión de la Dirección de
Operaciones Especiales de la Policía en el distrito de Ate, al este de
Lima.
Fujimori, de 75 años, fue condenado en 2009 a 25
años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y
secuestro agravado en un establecimiento penal.
Los cargos se derivan de las matanzas de Barrios
Altos y La Cantuta, donde murieron 25 personas, cometidas por el
paramilitar grupo Colina en 1991 y 1992, y por el secuestro de un
periodista y un empresario en 1992.
Además de la sentencia a 25 años de cárcel,
Fujimori tuvo tres sentencias por delitos de corrupción que ya se
cumplieron y actualmente tiene un juicio oral por el cargo de peculado
por el que se ha pedido ocho años de prisión.
Tras la audiencia, la hija mayor del expresidente,
Keiko Fujimori, declaró a los periodistas que en las legislaciones de
otros países se otorga este beneficio, pero que en Perú "hay un vacío
legal".
"Nosotros vamos a apelar y esperamos que se vea en
la Corte Suprema con justicia e imparcialidad", dijo Keiko tras
remarcar que el pedido responde al estado de salud de su padre, que ha
sido diagnosticado con cardiopatía e hipertensión.
"¿Qué tipo de peligro puede significar un hombre
de 75 años y que tiene tantas enfermedades?, no estamos hablando de
libertad, sino que esté en arresto domiciliario para que pase sus
últimos días con la familia", declaró la excongresista peruana.
Según el expediente médico presentado por su
defensa, Fujimori tuvo cinco cirugías por un cáncer a la lengua,
hipertensión arterial controlada, lumbalgia, gastritis y depresión,
entre otros males.
En junio pasado, el actual mandatario de Perú,
Ollanta Humala, denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori,
al tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias
Presidenciales que evaluó el caso y señaló que no presentaba una
enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.xz
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