El presidente colombiano Juan Manuel Santos y la
guerrilla de las FARC anunciaron ayer miércoles un trascendental acuerdo
que prepara el terreno para poner fin a un conflicto armado que ha
desangrado el país en los últimos 50 años.
En una declaración conjunta el mandatario y los rebeldes, encabezados por su máximo líder, “Timoleón Jiménez”, o “Timochenko”, dijeron que superaron un obstáculo significativo para lograr un acuerdo de paz, al decidirse por una fórmula para reparar a las víctimas, y castigar a los rebeldes y militares por los abusos que hayan cometido en contra de los derechos humanos durante décadas de guerra.
“Vamos a lograr el máximo de justicia para las víctimas y no habrá impunidad”, dijo Santos. “Con Timochenko, hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación”.
Según este acuerdo, los rebeldes que confiesen sus crímenes, indemnicen a las víctimas y prometan no tomar de nuevo las armas recibirán hasta ocho años de restricción de libertad en áreas no definidas, pero que permita su tarea de reparación de las víctimas, bien sea a través de programas sociales o de colaboración directa con la población.
Nada de amnistía
El acuerdo incluye la creación de una jurisdicción especial que investigue estos delitos y sancione a sus responsables, y la no amnistía para los autores de delitos de lesa humanidad.
Entre estos delitos se mencionó la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la toma de rehenes, el desplazamiento, y la violencia sexual. Según el documento presentado ayer miércoles y firmado por Santos y Timochenko, “la dejación de armas, deberá comenzar a más tardar 60 días después de la firma del Acuerdo Final”. Pero los negociadores aún deben acordar la desmovilización de los guerrilleros, la entrega de armas, las garantías de no repetición y los detalles para la reparación de las víctimas.
También se prevé la participación política de los guerrilleros desmovilizados. Santos también prometió dar a los colombianos la oportunidad de expresar su opinión mediante un referéndum.
El proceso judicial previsto en esta jurisdicción especial estará basado en el reconocer la verdad y los delitos cometidos.
(+) PENALIDADES A QUIENES COMETIERON DELITOS
Quienes reconozcan delitos muy graves serán condenados a un mínimo de cinco años y a un máximo de ocho años de restricción de la libertad en condiciones especiales. Los que se nieguen a reconocer delitos y resulten culpables podrán pasar hasta 20 años de cárcel y sus procesos serán tramitados por la justicia ordinaria. “Esta jurisdicción para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes” dijo Timochenko el líder guerrillero quien señaló que este acuerdo comprende penas más duras de las aprobadas por el Estado en contra de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe.
En una declaración conjunta el mandatario y los rebeldes, encabezados por su máximo líder, “Timoleón Jiménez”, o “Timochenko”, dijeron que superaron un obstáculo significativo para lograr un acuerdo de paz, al decidirse por una fórmula para reparar a las víctimas, y castigar a los rebeldes y militares por los abusos que hayan cometido en contra de los derechos humanos durante décadas de guerra.
“Vamos a lograr el máximo de justicia para las víctimas y no habrá impunidad”, dijo Santos. “Con Timochenko, hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación”.
Según este acuerdo, los rebeldes que confiesen sus crímenes, indemnicen a las víctimas y prometan no tomar de nuevo las armas recibirán hasta ocho años de restricción de libertad en áreas no definidas, pero que permita su tarea de reparación de las víctimas, bien sea a través de programas sociales o de colaboración directa con la población.
Nada de amnistía
El acuerdo incluye la creación de una jurisdicción especial que investigue estos delitos y sancione a sus responsables, y la no amnistía para los autores de delitos de lesa humanidad.
Entre estos delitos se mencionó la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la toma de rehenes, el desplazamiento, y la violencia sexual. Según el documento presentado ayer miércoles y firmado por Santos y Timochenko, “la dejación de armas, deberá comenzar a más tardar 60 días después de la firma del Acuerdo Final”. Pero los negociadores aún deben acordar la desmovilización de los guerrilleros, la entrega de armas, las garantías de no repetición y los detalles para la reparación de las víctimas.
También se prevé la participación política de los guerrilleros desmovilizados. Santos también prometió dar a los colombianos la oportunidad de expresar su opinión mediante un referéndum.
El proceso judicial previsto en esta jurisdicción especial estará basado en el reconocer la verdad y los delitos cometidos.
(+) PENALIDADES A QUIENES COMETIERON DELITOS
Quienes reconozcan delitos muy graves serán condenados a un mínimo de cinco años y a un máximo de ocho años de restricción de la libertad en condiciones especiales. Los que se nieguen a reconocer delitos y resulten culpables podrán pasar hasta 20 años de cárcel y sus procesos serán tramitados por la justicia ordinaria. “Esta jurisdicción para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes” dijo Timochenko el líder guerrillero quien señaló que este acuerdo comprende penas más duras de las aprobadas por el Estado en contra de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe.
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