Viviendo una pesadilla que la mantiene
intranquila, vulnerable y sin protección de las autoridades se encuentra
Alejandrina Rojas Acosta, una ingeniera en tecnología de alimentos, de
33 años, residente en Santiago, a la que una mujer le robó su identidad y
ha bloqueado sus tarjetas de crédito, retiró el dinero de su cuenta de
ahorros, compró celulares y tomó un préstamo de RD$123,000.
Todo inició el martes 22de enero de este año, cuando Rojas Acosta fue a un cajero automático a retirar RD$1,000 de su cuenta de ahorros del banco Scotiabank para pagar un servicio de taxi, pero el cajero le indicó que la tarjeta está vencida, algo que le resultó extraño, porque la fecha de expiración es otra.
Por la rapidez que tenía ese día, Rojas Acosta buscó una tarjeta del Banco Popular y retiró los RD$1,000 que necesitaba. Al día siguiente intentó entrar al “internet banking” de su cuenta en Scotiabank y se da cuenta que está bloqueada.
“Yo llamé al banco y un representante me dice que el 20 de enero yo pasé por la sucursal en Sambil y reporté mi tarjeta como robada y que ellos me entregaron un plástico de mi tarjeta de ahorros. Yo le expliqué que vivo en Santiago y que no he pasado por Sambil, pero él insistió que sí pasé y que me entregaron un plástico nuevo”, cuenta.
Ese mismo día Rojas Acosta le explicó a su esposo lo que le está pasando y él le dijo que revisara su cuenta en el Banco Popular, y cuando ella revisa se da cuenta que tiene un préstamo aprobado y desembolsado de RD$123,000.
“Cuando llamo al banco, ellos me dicen que sí, que ciertamente yo solicité un préstamo y ellos me lo aprobaron. Yo les explico la situación por teléfono y horas después pasé por una sucursal y les digo que estoy siendo víctima de robo de identidad”, indica.
La usurpadora también fue al Banco Progreso y bloqueó su tarjeta. Ha retirado 43,000 pesos de su cuenta de ahorros y le está haciendo gastar dinero sin tener recursos.
Además, la persona que robó su identidad fue a Altice y sacó un celular financiado. También sacó varios números prepagos en Claro.
Cuando se da cuenta que también financiaron un móvil a su nombre en Altice, se dirige a una sucursal de la compañía y exige que le muestren el contrato que ella firmó y la cédula, y es ahí donde consigue el rostro de la mujer que se hace pasar por ella.
La cédula que utiliza la mujer que se hace pasar por ella tiene varios errores.
No tiene el tipo de sangre, donde dice fecha de expiración está mal escrito en la cédula falsa, además, la fecha de nacimiento es 1985, y en la falsificada dice 1986.
Todos los bancos y las compañías telefónicas abrieron un proceso de investigación, pero actualmente todas sus cuentas están bloqueadas.
Baches. Izquierda la cédula falsificada de Alejandrina Rojas y
derecha la original, que según la denunciante, tiene errores en fechas y
firmas.
Autoridades negligentes
El pasado viernes, Rojas Acosta se dirigió a la Fiscalía de Santiago para hacer la denuncia en la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y luego se dirigió al Departamento de Falsificaciones, donde la mandaron al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).
Cuando llega al DICAT, el teniente Elvis toma la denuncia y para su sorpresa le dice que tiene que esperar 45 días para que ellos puedan comenzar las investigaciones.
“Me siento muy mal con esta situación. Siento que las autoridades no actúan con rapidez y simplemente dejan todo al tiempo, mientras los delincuentes están haciendo todo lo que quieren. Me siento impotente ya que las autoridades no me están dando respuestas”, dice.
La víctima cree que hay más de una persona detrás del robo de su identidad.
“La cédula es muy exacta y eso seguro salió de la Junta, porque todo es muy similar, aunque tiene algunos errores”.
“Ella firma tal cual yo firmo. Es una serie de coincidencias que ella tiene, que pocas personas conocen”, asegura llorosa Alejandrina Rojas Acosta.
EXIGE AUTORIDADES ACTUAR RÁPIDO
HACE UN ALERTA: Alejandrina Rojas Acosta asegura que la delincuente conoce nombres completos de sus padres, su dirección “y sabe todo de mí, por eso creo que es una banda y eso hay que denunciarlo para que más personas no sufran esta situación”.
Dijo que esas personas tienen acceso a muchas informaciones o quizá han trabajado en bancos o en la Junta Central Electoral.
Pide que las autoridades den con quien la ha dejado sin dinero, sin identidad y pudiera causar daño a más personas.
Todo inició el martes 22de enero de este año, cuando Rojas Acosta fue a un cajero automático a retirar RD$1,000 de su cuenta de ahorros del banco Scotiabank para pagar un servicio de taxi, pero el cajero le indicó que la tarjeta está vencida, algo que le resultó extraño, porque la fecha de expiración es otra.
Por la rapidez que tenía ese día, Rojas Acosta buscó una tarjeta del Banco Popular y retiró los RD$1,000 que necesitaba. Al día siguiente intentó entrar al “internet banking” de su cuenta en Scotiabank y se da cuenta que está bloqueada.
“Yo llamé al banco y un representante me dice que el 20 de enero yo pasé por la sucursal en Sambil y reporté mi tarjeta como robada y que ellos me entregaron un plástico de mi tarjeta de ahorros. Yo le expliqué que vivo en Santiago y que no he pasado por Sambil, pero él insistió que sí pasé y que me entregaron un plástico nuevo”, cuenta.
Ese mismo día Rojas Acosta le explicó a su esposo lo que le está pasando y él le dijo que revisara su cuenta en el Banco Popular, y cuando ella revisa se da cuenta que tiene un préstamo aprobado y desembolsado de RD$123,000.
“Cuando llamo al banco, ellos me dicen que sí, que ciertamente yo solicité un préstamo y ellos me lo aprobaron. Yo les explico la situación por teléfono y horas después pasé por una sucursal y les digo que estoy siendo víctima de robo de identidad”, indica.
La usurpadora también fue al Banco Progreso y bloqueó su tarjeta. Ha retirado 43,000 pesos de su cuenta de ahorros y le está haciendo gastar dinero sin tener recursos.
Además, la persona que robó su identidad fue a Altice y sacó un celular financiado. También sacó varios números prepagos en Claro.
Cuando se da cuenta que también financiaron un móvil a su nombre en Altice, se dirige a una sucursal de la compañía y exige que le muestren el contrato que ella firmó y la cédula, y es ahí donde consigue el rostro de la mujer que se hace pasar por ella.
La cédula que utiliza la mujer que se hace pasar por ella tiene varios errores.
No tiene el tipo de sangre, donde dice fecha de expiración está mal escrito en la cédula falsa, además, la fecha de nacimiento es 1985, y en la falsificada dice 1986.
Todos los bancos y las compañías telefónicas abrieron un proceso de investigación, pero actualmente todas sus cuentas están bloqueadas.
Autoridades negligentes
El pasado viernes, Rojas Acosta se dirigió a la Fiscalía de Santiago para hacer la denuncia en la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y luego se dirigió al Departamento de Falsificaciones, donde la mandaron al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).
Cuando llega al DICAT, el teniente Elvis toma la denuncia y para su sorpresa le dice que tiene que esperar 45 días para que ellos puedan comenzar las investigaciones.
“Me siento muy mal con esta situación. Siento que las autoridades no actúan con rapidez y simplemente dejan todo al tiempo, mientras los delincuentes están haciendo todo lo que quieren. Me siento impotente ya que las autoridades no me están dando respuestas”, dice.
La víctima cree que hay más de una persona detrás del robo de su identidad.
“La cédula es muy exacta y eso seguro salió de la Junta, porque todo es muy similar, aunque tiene algunos errores”.
“Ella firma tal cual yo firmo. Es una serie de coincidencias que ella tiene, que pocas personas conocen”, asegura llorosa Alejandrina Rojas Acosta.
EXIGE AUTORIDADES ACTUAR RÁPIDO
HACE UN ALERTA: Alejandrina Rojas Acosta asegura que la delincuente conoce nombres completos de sus padres, su dirección “y sabe todo de mí, por eso creo que es una banda y eso hay que denunciarlo para que más personas no sufran esta situación”.
Dijo que esas personas tienen acceso a muchas informaciones o quizá han trabajado en bancos o en la Junta Central Electoral.
Pide que las autoridades den con quien la ha dejado sin dinero, sin identidad y pudiera causar daño a más personas.
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