Inquilinos exigen que les devuelvan sus apartamentos en Brooklyn.

Cada vez que Isabel López pasa por el frente del edificio localizado en el 374 de la calle Wallabout, siente un dolor profundo en el alma. Cuando camina por la acera, se detiene a mirar hacia arriba y clava fijamente su mirada en el tercer piso del inmueble, donde las ventanas están selladas con pedazos de madera. Lee con tristeza una orden de “no entrar”, que cuelga en la puerta principal del edificio.
Doña Isabel vivió 38 años en el apartamento 3R y pagaba $678 mensuales. Cuenta que allí nacieron sus dos hijos, pasó la mayor parte de su vida con su esposo, y crió a sus tres gatitos, hasta que el 23 de agosto del año pasado, antes del medio día, y cuando se preparaba para bañarse, un incendio la obligó a salir corriendo. Un fuego repentino, que ella describe como “sospechoso” y del que denuncia “no se investigó a fondo”, la sacó de su vivienda, tras tres años en los que el casero hizo hasta lo imposible por desalojarlos.
“Que me devuelvan mi apartamento. Eso es lo único que estamos pidiendo, porque es injusto que este casero quiera violar nuestros derechos y pasar por encima de la ley”, asegura la mexicana, explicando que tras el incendio, debió irse a vivir con su familia a un lugar donde ahora paga más de $2,000, que les cuesta reunir cada mes.
Y al sentir que estaban “pisoteando sus derechos” y que tras la conflagración el casero no volvió a responder llamadas ni mensajes, interpuso una demanda contra el dueño del edificio, identificado como Joel Fried.
“Él nos dejó en el aire. Nunca volvió a darnos la cara, ni siquiera para saber cómo estábamos. Parece que se sentía bien de haber logrado finalmente sacarnos y con ayuda de organizaciones fuimos a corte a pelear por nuestros derechos”, comentó la mexicana.

Carmen Galindo, la otra inquilina del tercer piso que fue desalojada, y quien está cansada de vivir en el refugio en Harlem donde la ubicó HPD, donde tiene un ultimátum para que se vaya, se unió la demanda junto a su familia.
“Mi apartamento no quedó tan mal. Solo se dañó el techo cuando los bomberos llegaron a apagar el incendio y llevo ya más de un año viviendo en un albergue con mis hijos, mi hermana y su hijo. Quiero regresar a mi casa”, comentó la madre mexicana. “Ya me dijeron en el shelter que me tengo que ir en diciembre, porque mi hija, la más chiquita cumple 18 hasta diciembre, pero yo no tengo para pagar una renta de $2,500. Si no me regresan mi apartamento, donde pagaba $1,232, voy a tener que vivir en la calle”.
Y aunque luego de varias comparecencias las dos familias ganaron el derecho de regresar y la jueza que llevó el caso ordenó en marzo pasado que se reparara su inmueble, los inquilinos afirman que el dueño se ha negado a hacerlo y la Ciudad no ha hecho lo propio para presionarlo para que cumpla la ley.

“Es muy sencillo. No nos quieren en su círculo de ellos. El problema es que está en una área mayormente hasídica y como sea quieren sacar a los latinos”, asegura la inquilina Maribel López, agregando que este es un caso de evidente discriminación. “El propio dueño nos dijo a mí y a mi papá desde que empezó a querer desalojarnos, que el área no era para nosotros y que debíamos considerar mudarnos a Bushwick, y cuando le decíamos que no nos íbamos a ir, solo se nos reía”.
La joven también criticó duramente la manera como las autoridades de la Ciudad han manejado su caso. “Es la Ciudad la que no ha reforzado la ley contra este dueño y por eso se ha alargado el regreso. HPD ha fallado a nuestras familias por no reforzar la ley para obligar al casero a reparar cuando un juez ya dijo que tienen que arreglar”, dijo la exinquilina de la calle Wallabout, pidiendo acciones inmediatas. “Hemos tenido reuniones con representantes de HPD, pero nunca tienen una respuesta concreta. Se pasan la pelota de un lado a otro. Por eso le exijo a HPD que haga lo suyo, porque está en sus manos que el dueño haga las reparaciones. Ellos fueron los que pusieron la orden de vacancia y son los únicos que pueden quitarla y mover el caso adelante”.
Las familias demandantes aseguraron que desde 2015, el propietario ha participado en una campaña de acoso discriminatorio para desalojar a todos los inquilinos y mencionaron que aunque antes del incendio lograron hacerlo con cuatro de las seis familias hispanas que vivían allí, los Galindo y los López fueron la piedra en el zapato para el casero.
“Siento mucha nostalgia”, dijo Gysell Gordillo, de 17 años, quien ha vivido en el edificio desde su nacimiento y cuya familia se encuentra desde el incendio en un albergue de HPD en Harlem. “Ya no puedo ver a ninguno de mis amigos debido a cuán lejos vivo ahora. Solo quiero que arreglen la casa para poder irme allá”.

Bárbara Schliff, organizadora la asociación Los Sures, que está ayudando a las familias afectadas, hizo un llamado a la Administración municipal para que haga valer los derechos de los arrendatarios y no los deje solos en esta lucha, en la que están solicitando un manejador independiente.
“Los inquilinos quieren regresar y ante la negativa del casero de cumplir con la orden de la corte de hacer las reparaciones, ahora estamos en la corte de vivienda pidiendo a la jueza que asigne un administrador 7ª, que es una figura donde esa persona maneja el edificio, puede hacer las reparaciones, recibe las renta y garantizar el derecho a la vivienda que tienen estas personas”, aseguró la activista, quien se mostró optimista sobre un eventual regreso a sus casas de las dos familias antes de un año. “Este casero ha intentado cualquier forma conocida de acoso durante los últimos cuatro años para sacar a estos inquilinos y pensó que el incendio finalmente le daba el derecho de su deseo de tener el edificio vacante, pero los inquilinos no se van a ir”.
La representante de Los Sures agregó que luego de meses de insistencia, apenas hace unos días la Ciudad pidió a la Corte una fecha para entrar al inmueble.
“Pedimos a la Ciudad que apoye finalmente a los inquilinos y que si el casero no va a seguir sin hacer nada, la corte nombre a un administrador y que la Ciudad haga lo que está en su poder para presionar al dueño, como dar multas, promover el nombramiento de un administrador e incluso que use el programa de reparaciones de emergencia, donde puede ordenar los arreglos para que los inquilinos regresen a sus apartamentos y luego le pasa los cobros al edificio”.
Lucas Renique, de la misma organización, explicó que el caso de los Galindo y los López inspiró uno de los cambios que en junio pasado promovió la Legislatura en la reforma a las leyes de renta, pues antes de su aprobación, el casero de Wallabout se aferró a la excusa de desalojar a los inquilinos para construir una mansión para su familia, táctica que ahora no aplica.
“Con la nueva ley, un casero como este, con un edificio bajo renta estabilizada, ya no puede sacar a sus inquilinos de esta manera, que es claramente un acto de discriminación, pues el casero quiere que solo su gente esté allí”, dijo el activista.

Ante las quejas de los inquilinos de Wallabout hacia la Ciudad, el Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo (HPD) aseguró que antes de tomar pasos sobre el inmueble, necesitan hacer una inspección para determinar el mejor camino a seguir y manifestó que están apoyando a los arrendatarios.
“Si bien los inquilinos pueden buscar un administrador 7a, debemos evaluar si será el recurso más efectivo y eficiente para ellos. Para tomar esta determinación, necesitamos poder inspeccionar completamente las condiciones en el edificio, lo que no hemos podido hacer en esta propiedad debido a la falta de acceso”, aseguró Juliet Pierre-Antoine, vocera de HPD. “Mientras tanto, hemos presentado un caso integral en la corte de vivienda y continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para responsabilizar al propietario”.
Contactamos al dueño del edificio para consultarlo sobre las exigencias de los inquilinos, y no solo dijo desconocer el tema sino que prefirió no emitir ninguna postura sobre por qué no ha cumplido con las órdenes de reparación del inmueble que le han impuesto los tribunales.
“No tengo ni idea de lo que están hablando. Ese es un tema que se maneja directamente con los abogados”, aseguró Joel Fried.

El próximo 7 de octubre las partes tendrán una cita más en la corte, pero este martes 1 de octubre los Galindo, los López y miembros de Los Sures, tienen planeado pararse frente al edificio de la discordia, que hoy luce como un inmueble fantasma, para protestar contra el casero y pedir justicia.
“Yo sé que pronto vamos a estar de regreso a nuestro hogar y vamos a ser ejemplo para que otros inquilinos den la lucha y peleen por sus derechos”, aseguró doña Isabel, confiada en que va a regresar al que por 38 años fue su terruño......Fuente:eldiariony.com/Por:Edwin Martinez