SANTO DOMINGO/Almomento.net.- La Cancillería de la
República Dominicana manifesto su "inconformidad y desagrado" por las
declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la
nacionalidad dominicana a los hijos de indocumentados.
Dijo que en su informe del viernes, la CIDH "muestra
una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad de
nuestro país".
"Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con el
respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y
derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el
Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, recordamos una vez más que el
gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional y, por
tanto, acata lo estipulado por el Tribunal", expresó la Cancellería en
un comunicado..
Aunque agradeció la mención del CIDH en torno a los
avances logrados en el desarrollo de la institucionalidad democrática y
la protección de los derechos humanos en República Dominicana, lamentó
el escaso reconocimiento y relevancia que ese organismo otorgó a los
esfuerzos del Gobierno para alcanzar una solución justa y legal a la
situación planteada por dicha sentencia.
"Entendemos, además, que poner en marcha el Plan de
Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a
toda la población residente en nuestro país", indicó.
Con ello -explicó- se cumple el objetivo de dotar al
país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional,
para los extranjeros en situación migratoria irregular. "Esto permitirá,
tanto ejercer la soberanía nacional, como dar protección legal a los
extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de
origen", agregó.
"Adicionalmente, y con el objetivo de garantizar la
seguridad jurídica de todos los individuos en nuestro país, el GTobierno
trabaja en medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley
de Naturalización Especial", añade el documento.
Señaló, además que "si bien es cierto que en el país
puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, son
siempre expresiones de particulares y, en ningún caso, reflejan
posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas
dominicanas ni por la mayoría de su población. Esta situación, si bien
no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en
cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en
la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a
expresarse".
La Cancillería reafirmó, asimismo, que cualquier
víctima de abuso o discriminación en República Dominicana cuenta con los
mecanismos legales para denunciar el hecho y con el apoyo del Estado de
Derecho.
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