La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamenta, en un comunicado emitido en Viena, la aprobación de esa ley por parte de un país que ha suscrito las convenciones internacionales sobre drogas y asegura que no se ha tenido en cuenta el impacto negativo de la legalización en la sociedad.
Raymond Yans, presidente de la JIFE, expresa en la nota su "sorpresa" al conocer que "un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas".
La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 -adoptada por 186 países, incluido Uruguay- solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
"El objetivo principal de la Convención Única de 1961 es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados parte limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia", indica Yans.
El experto belga incide en que "la decisión del legislativo uruguayo no tiene en cuenta el impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas".
"En particular, el uso y abuso de cannabis por parte de los jóvenes puede afectar gravemente a su desarrollo", recalca, al tiempo que señala que la legalización tendrá "el efecto perverso de alentar la experimentación (a edad) temprana".
Según la JIFE, esta sustancia "puede afectar a algunas funciones básicas del cerebro, al potencial cociente intelectual y al rendimiento académico y laboral, además de deteriorar la habilidad para conducir".
Yans acusa a los legisladores de no tener en cuenta los datos aportados por la propia comunidad científica uruguaya y resalta que la presunción de que la legalización servirá para combatir el mercado negro de la droga y el crimen se basa "en supuestos bastante precarios y sin fundamento".
La Junta lamenta el escaso diálogo del Gobierno uruguayo con el organismo durante el proceso de redacción de la ley y su posterior tramitación, concluida el martes con su aprobación en el Senado de Montevideo.
La JIFE se define como un organismo independiente y cuasijudicial dentro de Naciones Unidas cuya misión es velar por el cumplimiento de las Convenciones de Naciones Unidas sobre las drogas.
Sin competencias para establecer sanciones, en el pasado ya criticó la aprobación de leyes que prevén el uso terapéutico de la marihuana en distintos países.
Más recientemente, criticó la legalización para el uso con fines recreativos de esa sustancia en los estados de EEUU de Colorado y Washington.
En una entrevista a Efe cuando se debatía el proyecto de ley uruguaya, Yans aseguró que la violación de la convención podría tener "consecuencias" para "el comercio internacional de Uruguay de otras sustancias", como la morfina y la codeína, aunque rehusó dar más detalles.
En cualquier caso, la pionera ley uruguaya será uno de los grandes temas de debate en marzo próximo, cuando se reúna en Viena la Comisión de Narcóticos, el órgano ejecutivo de Naciones Unidas sobre políticas de drogas.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) dijo hoy que está de acuerdo con las conclusiones de la JIFE y consideró "desafortunado" aprobar esa ley sin esperar a una sesión especial de la Asamblea General de la ONU prevista para 2016 sobre el problema de los estupefacientes.
El proyecto impulsado por el presidente de Uruguay, José Mujica, legaliza la compraventa y el cultivo de marihuana y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargará de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga.
Los consumidores registrados, según prevé la normativa, podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
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