Caracas (Venezuela)/EFE.- El expresidente del Gobierno español Felipe
González partió este martes de Caracas sin cumplir con parte de los
objetivos de su viaje y dejando atrás reclamaciones a Colombia por parte
del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, por prestarle un avión
de la Fuerza Aérea de ese país para salir de Venezuela.
El político español partió rumbo a Bogotá poco antes del mediodía de
Venezuela (15.50 GMT) en un avión de la Fuerza Aérea de Colombia lo que
le valió al Gobierno colombiano una petición de "explicaciones
suficientes" por parte de Maduro, que pidió llamar al embajador del país
vecino en Caracas.
"Lamentablemente fui sorprendido con la información de que un avión
de la Fuerza Aérea colombiana asignado a la Presidencia de la república
de Colombia vino a llevárselo (a González) del país. La canciller, Delcy
Rodríguez, ha citado al embajador de Colombia aquí en Caracas para
pedir explicaciones", dijo Maduro.
El presidente venezolano dijo que esperaba "explicaciones claras" por
parte del Gobierno colombiano "sobre esto de prestarle el avión
presidencial de Colombia a un señor que vino a desconocer las
instituciones venezolanas, a apoyar a grupos extremistas" que han
querido "derrocarlo".
Maduro reiteró así su rechazo a la visita del exdirigente socialista
español a su país, que el domingo pasado llegó a Caracas con el objetivo
de brindar respaldo a los opositores presos en Venezuela y servir de
asesor en la defensa de algunos de ellos, lo que no pudo lograr.
González partió de Venezuela al no obtener el permiso para visitar a
los opositores presos Daniel Ceballos y Leopoldo López, así como tampoco
la autorización para presenciar tanto sus juicios como la audiencia
preliminar del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
El político español había pedido una autorización para visitar a
López, líder del partido Voluntad Popular en la cárcel militar de Ramo
Verde, cercana a Caracas, y también para ver al exalcalde Ceballos,
recluido en una prisión de presos comunes en el estado Guárico, a unos
150 kilómetros de Caracas.
Sin embargo, el expresidente del Gobierno español se marchó sin
recibir la respuesta de los organismos del Estado venezolano sobre estas
solicitudes.
"Se han presentado todos los documentos para que las autoridades
permitiesen que fuera al juicio y que pudiese ingresar en las cárceles,
pero no se ha obtenido respuesta oficial por escrito", informó a Efe el
abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez.
El letrado consideró "correcta" la postura de González "de mantener
una línea de respeto institucional a las autoridades de Venezuela", al
tiempo que aclaró que el político español no descarta regresar al país
caribeño cuando las autoridades venezolanas le permitan visitar a los
presos y asistir a los juicios.
En cualquier caso, la audiencia preliminar de Ledezma para definir si
el alcalde metropolitano de Caracas debe ser juzgado por un delito de
conspiración contra el Gobierno, prevista para hoy, fue suspendida por
"razones operativas", de acuerdo con su abogado, Omar Estacio.
Desde el Parlamento venezolano también surgieron críticas contra
González no solo por su visita, sino también por la forma en la que
partió.
"El señor Felipe González tuvo que llamar a un amigo y salir por la
puerta de atrás de manera vergonzosa", dijo la segunda vicepresidenta de
la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Tania Díaz que acusó al español
de "atentar contra las instituciones publicas" de Venezuela.
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, también
acusó hoy a González de hacer "proselitismo político partidista" en
Caracas como un ciudadano venezolano, cuando, subrayó, "él es un
ciudadano de nacionalidad colombo-española".
"El ciudadano Felipe González pretende aparecer en este momento en la
escena venezolana con un perfil de mediador, de facilitador de la paz,
cuando en primer lugar debemos decir que él no ha sido invitado por el
Estado venezolano para tener esa cualidad", dijo.
Saab aseguró que González "es una pieza menor en todo este entramado"
que, dijo, "se traen varios expresidentes" para defender a los que
ellos denominan "presos políticos", como López y su compañero de partido
Ceballos.
López y Ceballos están encarcelados desde principios de 2014,
acusados por su presunta relación con hechos de violencia durante las
protestas antigubernamentales de principio de ese año y que dejaron 43
muertos entre seguidores oficialistas, opositores y ciudadanos sin
adscripción política aparente.
Los dos políticos se mantienen desde hace más de dos semanas en una
huelga de hambre reclamando al Ejecutivo venezolano una serie de
petitorios entre los que se cuentan la liberación de los opositores
presos y la fijación de una fecha para las elecciones parlamentarias que
deben celebrarse este año.
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