Del 27 de junio hasta el 23 de diciembre, ACLU
someterá ante el Gobierno federal solicitudes de inmigrantes que cumplen
con los requisitos para calificar dentro de la demanda colectiva
López-Venegas vs Johnson, lo que les brindaría una oportunidad para
volver a Estados Unidos y presentar su caso ante un juez de inmigración.
"Es realmente memorable que llegamos a un acuerdo
donde el gobierno accedió a que estas personas regresen al país. Eso es
algo casi sin precedentes, es un reconocimiento de que lo que le pasó a
este gente fue injusto y necesita ser corregido", dijo a Efe Gabriela
Rivera, abogada de ACLU en San Diego.
Según datos proporcionados por la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE), se estima que durante el periodo
establecido en la demanda, unos 30.000 indocumentados firmaron su salida
voluntaria y, aunque desconocen cuántos de ellos califican para
regresar, estiman serán "una pequeña fracción del número total".
Entre los requisitos para formar parte de este
acuerdo, la persona tuvo que haber sido expulsada tras firmar su salida
voluntaria entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, además
de haber sido procesados por ICE en el sur de California o por la
Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego.
Aunado a ello, se debe haber tenido una razón para
permanecer en Estados Unidos al momento de firmar la salida voluntaria,
como calificar en el programa de Acción Diferida (DACA), haber vivido
más de 10 años en Estados Unidos y tener hijos, padres o cónyuge que
sean ciudadanos o residentes legales permanentes, entre otros.
"El calificar para esta demanda colectiva no
significa que automáticamente la persona recibirá el derecho de
permanecer en el país, lo que este caso logró es que regresen para que
aquí presenten el caso ante un juez", agregó Rivera.
Hasta el momento, ACLU ha recibido cerca de 1.300
llamadas y mensajes de inmigrantes deportados que podrían calificar,
cifra que podría aumentar todavía más en los próximos seis meses, indicó
Vanessa Ceceña, coordinadora de admisiones.
El acuerdo entre ACLU y el Gobierno llegó tras la
resolución de una demanda interpuesta en junio de 2013, en la que se
señaló que agencias de inmigración hostigaban y proveían información
errónea a inmigrantes para forzarlos a firmar su salida voluntaria del
país sin darles la oportunidad de consultar con un abogado.
Como parte de esta demanda colectiva, tanto la
Patrulla Fronteriza como ICE accedieron a cambiar sus prácticas y
capacitar a sus oficiales para que informen a inmigrantes sobre las
consecuencias de firmar una salida voluntaria, así como permitirles
hacer una consulta que les permita tomar una mejor decisión.
Pese a que esta demanda colectiva beneficia
únicamente a personas que fueron deportadas desde el sur de California,
el abogado de ACLU Bardis Vakili no descarta que más adelante la lucha
se extienda al resto de la frontera.
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