El documento señala la polémica sentencia del Tribunal Constitucional dominicano de septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.
"La sentencia que estipula que los descendientes de individuos considerados ilegales en el país, muchos de los cuales son de origen haitiano, no tienen derecho a la nacionalidad dominicana", indica el informe.
El documento, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo (menos de EE. UU.) respecto a los derechos humanos.
El pasado lunes, alrededor de 200 personas se reunieron frente a la embajada de la República Dominicana en Washington para pedir a ese país que paralice el proceso de "deportación" de las más de 200.000 personas, entre ellos haitianos y apátridas, que podrían ser expulsados a Haití.
El pasado 17 de junio terminó en República Dominicana el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, según cifras del Ministerio de Interior y Policía, y tras el cual entró en vigor una segunda fase, que prevé el inicio de operativos de repatriaciones.
El principal temor de las ONG y algunos organismos internacionales es que no solo se lleven a cabo deportaciones masivas, sino que en las mismas se arrastre a personas nacidas en el país y que sean hijos de haitianos indocumentados.
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