La policía de Estados Unidos no podrá incautar
dinero, ni automóviles ni cualquier otra propiedad privada a los
sospechosos de haber cometido un delito, según una orden firmada ayer
por el fiscal general del país, Eric Holder.
Las armas ilegales, las municiones, los explosivos y las propiedades asociadas con pornografía infantil aún podrán ser confiscadas porque están directamente vinculadas con la seguridad pública, según la orden emitida por Holder.
Hasta ahora, la policía local y federal podía usar las leyes federales para incautar bienes a los sospechosos, sin que existiera una sentencia firme y basándose solamente en la evidencia de que la propiedad se utilizaba para fines delictivos.
Pero, ahora Holder reduce el programa federal que ampara estas prácticas, bautizado como "Compartimiento equitativo" y que fue adoptado por el Departamento de Justicia en 1980, en plena época de lucha contra las drogas, y posteriormente, en 1993, por el Tesoro.
El diario The Washington Post colocó este tema bajo la luz pública en septiembre pasado con una serie de reportajes en los que reveló que, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., la Policía incautó a conductores 2,5 millones de dólares en efectivo sin contar con ordenes judiciales.
Según los cálculos del rotativo, desde 2008, la Policía realizó 55.000 registros de dinero en efectivo y se apropió de propiedades valoradas en 3.000 millones de dólares sin contar ni con suficientes evidencias penales ni con las ordenes judiciales oportunas.
Después de estas revelaciones, la Policía fue duramente criticada por presuntamente embolsarse las ganancias de los bienes incautados y utilizarlas para financiar sus propios departamentos.
"Este es el primer paso del examen exhaustivo que hemos puesto en marcha para revisar el programa. La incautación de bienes sigue siendo una herramienta fundamental para el cumplimiento de la ley cuando se usa adecuadamente", señaló Holder en un comunicado.
En este sentido, el fiscal general cree que "la nueva política permitirá a las autoridades continuar usando el programa para sacar beneficio de la delincuencia y devolver los bienes a las víctimas, pero salvaguardando las libertades civiles".
En concreto, la prohibición de Holder, que entra en vigor de forma inmediata, "incluye, pero no se limita, a las confiscaciones del estado o de la policía local de vehículos, objetos de valor, dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios", según figura en la orden.
Las armas ilegales, las municiones, los explosivos y las propiedades asociadas con pornografía infantil aún podrán ser confiscadas porque están directamente vinculadas con la seguridad pública, según la orden emitida por Holder.
Hasta ahora, la policía local y federal podía usar las leyes federales para incautar bienes a los sospechosos, sin que existiera una sentencia firme y basándose solamente en la evidencia de que la propiedad se utilizaba para fines delictivos.
Pero, ahora Holder reduce el programa federal que ampara estas prácticas, bautizado como "Compartimiento equitativo" y que fue adoptado por el Departamento de Justicia en 1980, en plena época de lucha contra las drogas, y posteriormente, en 1993, por el Tesoro.
El diario The Washington Post colocó este tema bajo la luz pública en septiembre pasado con una serie de reportajes en los que reveló que, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., la Policía incautó a conductores 2,5 millones de dólares en efectivo sin contar con ordenes judiciales.
Según los cálculos del rotativo, desde 2008, la Policía realizó 55.000 registros de dinero en efectivo y se apropió de propiedades valoradas en 3.000 millones de dólares sin contar ni con suficientes evidencias penales ni con las ordenes judiciales oportunas.
Después de estas revelaciones, la Policía fue duramente criticada por presuntamente embolsarse las ganancias de los bienes incautados y utilizarlas para financiar sus propios departamentos.
"Este es el primer paso del examen exhaustivo que hemos puesto en marcha para revisar el programa. La incautación de bienes sigue siendo una herramienta fundamental para el cumplimiento de la ley cuando se usa adecuadamente", señaló Holder en un comunicado.
En este sentido, el fiscal general cree que "la nueva política permitirá a las autoridades continuar usando el programa para sacar beneficio de la delincuencia y devolver los bienes a las víctimas, pero salvaguardando las libertades civiles".
En concreto, la prohibición de Holder, que entra en vigor de forma inmediata, "incluye, pero no se limita, a las confiscaciones del estado o de la policía local de vehículos, objetos de valor, dinero en efectivo y otros instrumentos monetarios", según figura en la orden.
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