El Centro para Justicia Social de la Universidad Seton Hall ha documentado "repatriaciones médicas" en 15 estados, que afectaron a pacientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Lituania, México, las Filipinas y Corea del Sur.
Aquí algunos de los ejemplos más llamativos, tomados de un informe difundido en diciembre:
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Quelino Ojeda Jiménez trabajaba en un edificio del aeropuerto Midway de Chicago en el 2010 cuando sufrió una caída desde cierta altura que lo dejó tetrapléjico y dependiente de un respirador artificial.
El Centro Médico de Cristo, una organización que defiende los derechos de los extranjeros sin papeles, se hizo cargo de Ojeda Jiménez por cuatro meses y pagó más de 650.000 dólares por su tratamiento, según un artículo del Chicago Tribune publicado en el 2011.
A fines de diciembre de ese año, el hospital lo puso en un avión médico que lo llevó a México, a pesar de las protestas de su familia. Llorando y sin poder hablar, Ojeda Jiménez no pudo hacer nada por impedir su traslado.
El hospital que lo recibió en México no tenía servicios de rehabilitación y no podía pagar por los filtros de su respirador. Luego de sufrir dos paros cardíacos y una infección séptica, falleció el 2 de enero del 2012.
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Luis Alberto Jiménez trabajaba como jardinero en la Florida cuando el auto en que viajaba fue chocado por un vehículo conducido por alguien borracho en febrero del 2000.
Jiménez, quien tenía 35 años, sufrió lesiones cerebrales y otros trastornos y fue atendido en el Martin Memorial Medical Center de Stuart, Florida, hasta junio, en que fue trasladado a un asilo de ancianos.
En enero del año siguiente fue readmitido en el hospital con una infección que los médicos pensaron podía resultar fatal. Permaneció en el hospital otro año porque ninguna institución médica con cuidados a largo plazo quiso hacerse cargo de él.
El hospital apeló a los tribunales en busca de autorización para que le permitiesen enviarlo a un hospital de su Guatemala natal. Un juez dio el visto bueno en junio del 2003 y Jiménez fue trasladado a Guatemala antes de que los tribunales pudiesen pronunciarse en torno a una apelación presentada por la persona que tenía la custodia legal del centroamericano.
A mediados del 2004 un tribunal de apelaciones anuló el fallo y dijo que los juzgados estatales no tenían autoridad para autorizar deportaciones, algo que es competencia de las autoridades federales. Para entonces, no obstante, Jiménez estaba de vuelta en Guatemala, postrado en una cama, sufriendo convulsiones y viviendo con su madre en un sector remoto de su país.
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Barbara Latasiewicz trabajaba como doméstica en Chicago en el 2009 cuando sufrió un derrame cerebral mientras limpiaba una bañadera. La señora, quien era polaca, quedó paralizada del lado izquierdo y necesitada de atención las 24 horas del día.
El Adventist La Grange Memorial Hospital trató de encontrarle un sitio donde le pudiesen dar atención a largo plazo, pero 30 centros de salud se negaron a recibirla porque estaba en el país ilegalmente. La señora había llegado al país en 1990 y se había quedado una vez vencida su visa.
El hospital le permitió quedarse dos años y medio, sin seguro médico ni medios para pagar, a un costo de más de 1,4 millones de dólares.
A principios del 2012 se hicieron arreglos para que fuese transferida a una institución de Polonia especializada en víctimas de derrames, con lo que sería separada permanentemente de su hijo y sus nietos. El hospital consiguió una orden de un juez que despejó el camino para su traslado.
Un artículo de 1ro de marzo del Chicago Tribune indicó que la mujer, de 60 años, lloró mientras esperaba su vuelo en el aeropuerto, consciente de que probablemente jamás regresaría a Estados Unidos, donde había vivido por más de 20 años.
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