Los linchamientos son desesperadas y emotivas acciones a las que recurre una población cuando, impotente, confusa, hastiada y desconfiada en el debido proceso y por la ausencia de la correcta aplicación de la justicia, prefieren acudir a método impropio, salvaje e incivilizado de “una muchedumbre ejecutar con sus propias manos a alguien sin formación de proceso regular previo y al margen de las leyes vigentes”.
En la RD, desde el 2011 hasta diciembre del pasado 2017, se cometieron 140 homicidios por linchamientos, según enumera un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. En lo que va de este 2018 ya se han cometido 16 linchamientos. En esos registros no se cuentan a decenas de personas que resultaron malheridas por diferentes intentos de linchamientos.
De esos linchamientos, el más divulgado es el que se cometió contra “Lagrimita”, quien debía estar presos como consecuencia de una anterior sentencia condenatoria. Por razones o mecanismos desconocidos se encontraba libre y, volviendo por sus fechorías, trató de asaltar en su hogar al Dr. Julio Gómez y un sobrino (baleado por el asaltante), que pudieron defenderse y conseguir el auxilio del vecindario que, por desconfianza en la justicia, prefirió linchar al asaltante antes que someterlo al debido proceso judicial, como indican nuestras leyes.
En nuestra sociedad y la opinión pública existe una percepción generalizada de que el incremento de los linchamientos es producto de la inseguridad ciudadana, la falta de autoridad, negligencia de los mecanismos de represión del Estado, por ineficacia, impunidad, burocratismo y lentitud del aparato judicial de la RD, todo lo cual genera desconfianza en la población.
Por reciente experiencia, me incluyo en la franja social que asigna la principal cuota de responsabilidad a ese incremento de los linchamientos en la RD a la desconfianza que generan las deficiencias de nuestras autoridades (PN y todo el aparato judicial). Como muestras veamos estos dos casos:
A uno de mis sobrinos le aplicaron tres meses de prisión en cárcel de La Victoria como medida de coerción por “intento de retención de su hijo, acusado por su ex pareja”. La apelación y solicitud de revisión de dicha coerción sufrió 8 diferentes reenvíos. Esta es una de la causa por la que más del 69% de los presos en la RD son preventivos.
Luego de más de dos años en la cárcel, mi sobrino fue sentenciado a pena cumplida, el pasado 30 de noviembre, lo cual dio paso a un viacrucis que lleva más de cuatro meses.
Los jueces actuantes duraron 70 días para firmar la sentencia, a lo cual se sumaron otros 20 días esperando la desestimación de una posible apelación. La notificación a las otras personas involucradas lleva 15 días. Ahora, porque faltan tres de los involucrados por notificar, mediante acto de Alguacil, los abogados procedieron a realizar esas restantes notificaciones, razón por la cual desde el 30 noviembre de 2017 hasta la fecha, mi sobrino todavía se mantiene en la hacinada y promiscua ergástula de La Victoria.
Todo lo contrario sucede cuando un preso es rico o famoso, porque al otro día de la sentencia es inmediatamente puesto en libertad, tal cual aconteció con el sonado caso de un conocido dirigente de sindicato de choferes.
Estos dos casos son evidencias de que el sistema judicial de la RD es muy costoso, parcializado y discriminatorio y al mismo tiempo padece de excesivo burocratismo, lentitud y deficiencias con lo cual estimulan la impunidad y generan desconfianza en la sociedad, lo que a su vez se convierte en un negativo aliciente que, directa e indirectamente, promueve el incremento de los linchamientos en la RD, propios de la barbarie y de sociedades primitivas..........Fuente:Almomento.net/Por:Juan Lopez
jpm
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