SAN JUAN.- Puerto Rico afronta uno de los momentos más delicados de
los últimos años a causa una corriente migratoria hacia Estados Unidos
sin precedentes agudizada de forma dramática por los efectos del huracán
María de septiembre que pone en jaque a su economía.
La isla
contaba con poco más de 3,4 millones de habitantes antes de que un
ciclón de magnitud sin parangón en décadas arrasara sus infraestructuras
dejando a Puerto Rico a oscuras, sin servicio de agua e incomunicada
por telefonía, lo último que necesitaba este Estado Libre Asociado a
Estados Unidos.
Las previsiones de algunos funcionarios, que llegaron a hablar de que
en partes de la isla la electricidad no se recuperaría hasta en un
plazo de 9 meses, fue demasiado para una población golpeada por una
crisis económica que se prolonga por más de una década y la
incertidumbre del impago de una deuda pública que ronda los 70.000
millones de dólares.
La isla, que según el Gobierno liderado por
Ricardo Rosselló sufrió daños por valor de 94.000 millones de dólares a
causa del huracán, está supervisada por una entidad federal impuesta por
el Congreso en Washington encargada de controlar la política financiera
del Ejecutivo.
La Junta de Supervisión Fiscal limita cualquier
gasto que considerara excesivo para el presupuesto, motivo de
enfrentamiento con el Ejecutivo de San Juan.
Ese complicado
escenario ya expulsó a miles de puertorriqueños al extranjero, en su
práctica totalidad a Estados Unidos, gracias a que los ciudadanos de la
isla cuentan con pasaporte estadounidense.
La falta de
electricidad, agua, escasez de alimentos y problemas de telefonía
provocaron en un primer momento una auténtica riada humana rumbo,
principalmente, a Florida, el estado preferido para los puertorriqueños
en las últimas décadas.
El gobernador de Florida, Rick Scott,
declaró emergencia para su estado ante la cantidad de personas que
llegaron desde Puerto Rico, una cifra que se llegó a hablar ronda las
200.000 personas.
José Caraballo, catedrático de estadísticas y
finanzas en la Universidad de Puerto Rico y director del Centro de
Información Censal de Puerto Rico, señaló a Efe que esa cifra de 200.000
personas es un dato preliminar que se corresponde solamente con datos
de pasajeros, por lo que hay que ser prudente.
El experto matizó
que, no obstante, es mucha gente la que ha salido, por lo que el
Gobierno se enfrenta al problema añadido de que la base de
contribuyentes se reduce, precisamente lo peor que le podía pasar a unas
finanzas públicas en números rojos, sin liquidez y que llevan
prácticamente sin recaudar un dólar por la práctica inoperancia de las
agencias públicas tras el huracán.
Además, según Caraballo, menos
contribuyentes supone menor consumo y más dificultades para que las
pequeñas empresas puedan salir adelante, un nuevo obstáculo para una
economía que no ve la luz después de un túnel de una década de crisis.
El
demógrafo Raúl Figueroa es otro de los expertos que comentó a Efe la
situación de la isla, según su valoración en un momento muy crítico dada
la salida de personas, que ya antes del huracán suponía cerca de
100.000 puertorriqueños por año rumbo a Florida, a lo que hay que sumar
los otros miles que se reparten por el territorio de EE.UU.
“Cuando
se da la cifra de 200.000 personas que se han ido a Florida se utilizan
datos de transito de pasajeros de los aeropuertos”, subrayó, aunque
para matizar que una salida masiva de esa magnitud en nada ayuda a la
economía de la isla.
“La situación puede ser desastrosa si los que
salen son jóvenes”, apunta sobre la posibilidad de que sea precisamente
una población en edad de reproducción y trabajar la que haya decidido
hacer las maletas.
Algunos expertos han apuntado que dada la
situación del mercado laboral de la isla, con una de las poblaciones
activas laboralmente más bajas del mundo, no queda otra salida para una
parte de la población poco cualificada que ha visto en la emigración una
válvula de escape.
El Gobierno, ante una pérdida de población que
deja sin contribuyentes las arcas públicas, ha publicitado las ayudas
que las autoridades federales estadounidenses dan para quienes adquieran
una vivienda.
El Ejecutivo espera que la adquisición de una casa
sirva para asentar a una población que año a año merma ante la falta de
un horizonte claro.........Fuente:elnuevodiario.com/EFE
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