La República Dominicana, en esencia su
Estado, se plantea ahora un nuevo escenario, en el plano local e
internacional, a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional
(TC) que anula la adhesión del país a la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH), organismo que había “zarandeado” a esta nación
con una condena por supuesta violación de los derechos de inmigrantes y
descendientes haitianos radicados en este lado de la isla.
El país pasa a un nuevo plano y las opiniones
respecto a esta histórica decisión del constitucional dominicano, a
partir de la noche de este martes, no se harán esperar, en tanto que ya
las mismas comienzan a ser tan disímiles como abundantes.
Este nuevo escenario probablemente coloque a la
República Dominicana y a sus instancias institucionales, en el
escrutinio o cuestionamiento internacional, en particular por parte de
los organismos internacionales.
En el plano local, se esperan manifestaciones de
apoyo y de rechazo a esta inusual sentencia del TC, pero el tema, sin
dudas, obligará a un debate prudente y profundo sobre la real
legitimidad de la adhesión del Estado dominicano a la CIDH.
Se espera que con cierta premura el gobierno se
aboque a consultas de expertos en materia constitucional y de peritos en
acuerdos internacionales, toda vez que la decisión del TC es
inapelable.
Lo que decidió el Tribunal Constitucional
La República Dominicana no cumplió con los
requisitos de su Constitución para firmar su adhesión a la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), por lo que no tendrá
que acatar las sentencias de ese organismo, determinó el Tribunal
Constitucional (TC) del país caribeño.
La decisión del TC dominicano sigue al rechazo por
parte del Gobierno local y otras instancias nacionales, de una reciente
sentencia de la CorteIDH que condena al país por deportar a haitianos y
dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
El Tribunal Constitucional dominicano entendió que
el acto del ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández,
en 1999, por el que se reconoce la competencia de la CIDH, "viola la
Constitución vigente", ya que, según su sentencia, esa adhesión no fue
aprobada por el Congreso Nacional.
"Resulta, en efecto, de la mayor importancia que
antes de adherirse a un compromiso internacional de cualquier índole, la
República Dominicana verifique su conformidad con los procedimientos
constitucionales y legales nacionales previamente establecidos", acotó
el TC.
En ese sentido, consideró que esa verificación fue
omitida con el ingreso del país a la CorteIDH, con lo cual se genera su
inconstitucionalidad.
"Es decir, el Estado dominicano no ha de acumular
obligaciones significativas hasta tanto los órganos correspondientes las
aprueben a través de los procesos legitimadores requeridos por su
Constitución y el resto del ordenamiento interno", apostilló el Tribunal
Constitucional.
El organismo, cuyas decisiones son inapelables,
sentenció que la Constitución dominicana atribuye competencia al
Congreso Nacional para aprobar los tratados y convenciones
internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo, y este aún no ha
conocido dicha membresía (del país a la CorteIDH).
La decisión adoptada por el TC dominicano se
produce después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) exigiera la semana pasada a la República Dominicana que acate y
convierta en un "elemento clave" de su legislación la sentencia de la
CorteIDH.
Canciller dice RD está preparado para abordar escenarios
El canciller Andrés Navarro dijo ayer que el
Gobierno acatará la sentencia 0256-14 del Tribunal Constitucional (TC)
que establece que la República Dominicana no pertenece a la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, aseguró que el país está preparado para
abordar los diferentes escenarios que se podrían presentar tras la
decisión de la alta corte.
Mientras, el ex presidente Hipólito Mejía se
mostró en desacuerdo de que el país salga de la CIDH, como falló este
martes el TC, y consideró que esa sentencia fue prejuiciada.
Del lado gubernamental, el canciller Navarro
sostuvo que tan pronto se analice el texto original del fallo del TC, el
Gobierno adoptará una posición oficial de cara a los organismos
internacionales, específicamente ante el Sistema Interamericano de los
Derechos Humanos.
En ese sentido, el encargado de la política
exterior del Gobierno manifestó que “en su momento el Estado dominicano
anunciará las medidas que adoptará frente a esa coyuntura”.
Aseguró que el equipo técnico de la Cancillería
evaluó los diferentes escenarios que se podrían presentar bajo las
expectativas generadas por la decisión de la alta corte y garantizó que
el país está preparado para abordar cualquiera de estos.
Expresidente Mejía rechaza sentencia TC
El ex presidente Mejía, tras rechazar la sentencia
del TC, sostuvo que luego de que Leonel Fernández firmara en 1999 el
instrumento de aceptación de la competencia de la CIDH, y consigo las
resoluciones y condenas contra el país, ahora no se puede permitir la
falta de responsabilidad de no respetar eso.
“No debemos ser mezquinos, tenemos que respetar
eso, y si alguien nos acusa de algo tenemos que respetar”, precisó el ex
gobernante.
ACNUR ubica a RD entre países con mayor número de apátridas
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) citó que los principales países por número de
apátridas son Myanmar (minoría rowinga); Costa de Marfil (minoría
voltense); Letonia y Estonia (minoría rusa); y República Dominicana
(haitianos).
Destacó António Gutierres que cada diez minutos un
niño nace en el mundo sin nacionalidad, una falta de adscripción a un
Estado que le convertirá en apátrida y le condenará a sobrevivir sin la
protección y los derechos que le conceden pertenecer a un país.
Ante esta realidad, el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha decidido lanzar una
campaña mundial para poder acabar en una década con una situación que
afecta a diez millones de personas en el mundo.
"No es una situación que se pueda aceptar en el
siglo XXI", afirmó el alto comisionado para los Refugiados, António
Guterres, en rueda de prensa.
Autor: LUIS BRITO// FRANCIA VALDEZ// REDACCION EFE
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