Un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisa que las víctimas dominicanas de ese flagelo han sido repatriadas de al menos 18 países, principalmente de Europa y América.
De 2007 a 2010, las dominicanas representaron uno y tres por ciento de las mujeres afectadas por dicho problema en los continentes mencionados, respectivamente.
Al referirse a la actual situación, el procurador general, Francisco Domínguez, manifestó que este país no puede seguir permitiendo que sus mujeres sean ofrecidas al mejor postor.
Nuestras compatriotas no son parte de un paquete turístico, afirmó el titular del Ministerio Público y reflexionó sobre la necesidad de poner fin al fenómeno de marcada incidencia social negativa.
A juicio de Domínguez, resulta necesario que se terminen las impunidades y complicidades con redes internacionales empeñadas en engañar a las dominicanas a partir del ofrecimiento de falsos contratos de trabajo.
Mediante una promesa laboral y de mejores condiciones de vida, los traficantes de seres humanos explotan a las mujeres de forma sexual con lo cual vulneran todos sus derechos fundamentales.
Por su parte, diversas organizaciones sociales también han denunciado la trata de personas y ofrecido algunas vías para superar este mal a partir de un enfoque multidimensional.
De acuerdo con el Movimiento contra la Esclavitud 1 A 1, cuyos propósitos son orientar y ayudar a víctimas a recuperarse e insertarse en la sociedad, este problema representa un delito de terribles consecuencias.
Paralelamente, está considerado como una modalidad contemporánea de esclavitud y una forma extrema de violencia contra mujeres, adolescentes y niños.
Con estrecha relación aparecen asociados la prostitución, la pornografía, el turismo sexual y el servicio doméstico, entre otras dificultades.
Aunque se reconocen los esfuerzos gubernamentales para enfrentar y solucionar la situación, las autoridades deben trabajar más en ese sentido, consideró el referido grupo.
Especialistas en el tema sostienen que la trata de personas no es solamente un problema que debe afrontar el Gobierno, se necesita la unidad y la comprensión de todos.
La atención a féminas víctimas de la trata cuenta con respaldo legal en Dominicana desde 2003 por medio del Ministerio de la Mujer y el Centro de Orientación e Investigación Integral.
Profesionales de la última institución desempeñan un papel fundamental para ayudar a las afectadas a regresar a su país o localidades de procedencia.
También, el Estado dominicano promovió y promulgó leyes al respecto y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y los dos protocolos que la complementan.
Uno de ellos va contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el otro está dirigido a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
Por su parte, la Policía Nacional, la Procuraduría General, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Educación, la Dirección de Migración y otras entidades también ejecutan acciones contra la trata.
Sin embargo, en opinión de diversas voces, queda mucho por hacer para transformar una realidad que en múltiples ocasiones acontece de manera silenciosa.
Después del tráfico de armas y el narcotráfico, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones.
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