La mujer, que declinó identificarse y revelar su país de origen, estima que durante esos años el oficial le robó a su familia unos $6,000 durante todas las ocasiones que fueron detenidos en la calle 25 de Coram, una de las vías más transitados por automovilistas latinos en Long Island. Pero la inmigrante, que sostuvo que Greene también los acoso en su domicilio y cuando no conducían, contó que ellos no fueron las únicas víctimas. “Siempre se aseguraba de retener a hispanos. Había días en los que tenía en fila hasta 15 autos. A todos nos robaba”.Precisamente, 21 afectados por este tipo de robo presentaron ayer una demanda colectiva contra el Departamento de Policía de Suffolk. Pero ellos no son todos, ya que hay más inmigrantes indocumentados que también fueron víctimas de Greene, y que a pesar de tener el respaldo de los abogados de Latino Justice PRLDEF y una decena de organizaciones proinmigrantes, declinaron sumarse a la denuncia por temor al arresto o la deportación.Juan Cartagena, presidente de Latino Justice PRLDEF, confirmó a El Diario que además de las 21 víctimas que presentaron la demanda colectiva en la Corte Federal de Derechos Civiles de Central Islip, hay otros conductores latinos que prefirieron no reportar al uniformado.“Definitivamente, hay más residentes afectados. Los demandantes son sólo la punta del iceberg de este quebrado sistema policial en Long Island”, sostuvo. “Fue una década de robo por perfil racial que pasó inadvertido en los altos mandos de la Policía”.Cartagena destacó que llevó hasta dos años convencer a los 21 demandantes para presentar su denuncia a las autoridades.“La demanda no revela los nombres de los afectados. Realmente temen al sistema policial y judicial”.
Más policías implicados
Greene, un residente de Shirley que ganaba hasta $150,000 al año, según la Oficina del Fiscal del Distrito de Suffolk,
fue arrestado y acusado, en 2014, de robar efectivo a automovilistas
latinos luego de detenerlos por supuestas faltas de tránsito.
La demanda colectiva pide una investigación a todo el Departamento de Policía del condado, alegando que otros oficiales sabían del robo a conductores latinos o encubrieron a su superior al no denunciar. El recurso legal exige que más agentes sean acusados de estar involucrados.
De acuerdo con Cartagena, una de las víctimas se comunicó con la Policía por medio del 911 amenazando con llamar a la prensa de no recuperar su dinero robado. Más tarde, un agente le entregó la suma sustraída.
“La conversación quedó registrada en las grabaciones”, precisó Cartagena. “Sabemos que los supervisores de Greene sabían del incidente, pero no hicieron nada para frenar la situación”.
Irma Solís, organizadora de Se Hace Camino Nueva York de Long Island, contó que la primera denuncia de robo perpetrado por policías la recibió en 2012, pero en años siguientes más afectados reportaron su queja. La activista aseguró que, además de automovilistas, también ciclistas y algunos peatones fueron detenidos y robados.
La organizadora destacó el caso de un conductor que, en 2013, llamó a la Uniformada para reportar un accidente menor de tránsito. El agente, que arribó a la escena, pidió a la víctima salir del auto y, presuntamente, se llevó una cartera con efectivo que estaba en el interior.
La demanda colectiva pide una investigación a todo el Departamento de Policía del condado, alegando que otros oficiales sabían del robo a conductores latinos o encubrieron a su superior al no denunciar. El recurso legal exige que más agentes sean acusados de estar involucrados.
De acuerdo con Cartagena, una de las víctimas se comunicó con la Policía por medio del 911 amenazando con llamar a la prensa de no recuperar su dinero robado. Más tarde, un agente le entregó la suma sustraída.
“La conversación quedó registrada en las grabaciones”, precisó Cartagena. “Sabemos que los supervisores de Greene sabían del incidente, pero no hicieron nada para frenar la situación”.
Irma Solís, organizadora de Se Hace Camino Nueva York de Long Island, contó que la primera denuncia de robo perpetrado por policías la recibió en 2012, pero en años siguientes más afectados reportaron su queja. La activista aseguró que, además de automovilistas, también ciclistas y algunos peatones fueron detenidos y robados.
La organizadora destacó el caso de un conductor que, en 2013, llamó a la Uniformada para reportar un accidente menor de tránsito. El agente, que arribó a la escena, pidió a la víctima salir del auto y, presuntamente, se llevó una cartera con efectivo que estaba en el interior.
Modus operandi
La víctima que habló con El Diario
contó que el exsargento Greene les ordenaba bajar del auto y sentarse
en la parte posterior, mientras registraba el interior para llevarse
efectivo.
“Cuando no teníamos dinero, mandaba a traer a un policía para que nos diera multas”, indicó. “Procuraba detenernos los viernes o los sábados, que son los días en los que trabajadores latinos recibimos la paga”.
La mujer indicó que, en una ocasión, Greene robó a su esposo $800, que era su sueldo de una semana de trabajo.
“Era fin de mes y necesitábamos con urgencia ese dinero para la renta”, comentó.
“Llegamos al punto de pagar sólo para que nos dejara en paz. El hostigamiento era constante. Nos mudamos, pero él nos encontró”.
Solis comentó que una situación similar vivieron al menos seis de sus miembros que, aunque detallaron en entrevista con abogados de Latino Justice PRLDEF su experiencia al ser víctimas de robo a manos de los uniformados, declinaron sumarse a la demanda colectiva.
“Impera el temor de que su información trascienda a autoridades migratorias, o que los agentes respondan con represalias”, dijo. “Es un reflejo del clima antiinmigrante que se vive todavía en Long Island, aunque en menor escala”.
“Cuando no teníamos dinero, mandaba a traer a un policía para que nos diera multas”, indicó. “Procuraba detenernos los viernes o los sábados, que son los días en los que trabajadores latinos recibimos la paga”.
La mujer indicó que, en una ocasión, Greene robó a su esposo $800, que era su sueldo de una semana de trabajo.
“Era fin de mes y necesitábamos con urgencia ese dinero para la renta”, comentó.
“Llegamos al punto de pagar sólo para que nos dejara en paz. El hostigamiento era constante. Nos mudamos, pero él nos encontró”.
Solis comentó que una situación similar vivieron al menos seis de sus miembros que, aunque detallaron en entrevista con abogados de Latino Justice PRLDEF su experiencia al ser víctimas de robo a manos de los uniformados, declinaron sumarse a la demanda colectiva.
“Impera el temor de que su información trascienda a autoridades migratorias, o que los agentes respondan con represalias”, dijo. “Es un reflejo del clima antiinmigrante que se vive todavía en Long Island, aunque en menor escala”.
Qué dice la fiscalía
La oficina del fiscal del distrito indicó que, después de realizar una operación encubierta que llevó a la captura de Scott Greene por robar dinero a un agente hispano encubierto, trabajó en conjunto con Latino Justice y Se Hace Camino Nueva York entrevistando a más de 50 víctimas y testigos para investigar los detalles de la conducta criminal.
Los investigadores dedicaron cientos de horas con las víctimas. Las entrevistas se llevaron a cabo en iglesias, centros comunitarios, lugares de trabajo y hogares.
Agregó que, como resultado, un gran jurado del condado anunció dos acusaciones en contra de Greene, las cuales contienen 81 cargos penales relacionados a 27 víctimas hispanas. Ninguna evidencia creíble indica que el oficial actuó con otros agentes de la policía.
“En ningún momento Latino Justice proporcionó alguna información que las víctimas fueron robados por agentes de policía”, señaló la fiscalía. “En ningún momento Latino Justice proporcionó a los investigadores alguna grabación con referencia a crímenes”. La fiscalía alegó que “algunos de los incidentes que Latino Justice alega que fueron ignorados por el fiscal de distrito son incidentes incluidos en la acusación en contra de Greene”.
“Como lo hemos hecho de forma continua desde el inicio de esta investigación seguimos exhortando a cualquier víctima que contacta la Oficina del Fiscal del Distrito”, finalizó la fiscalía.
Los investigadores dedicaron cientos de horas con las víctimas. Las entrevistas se llevaron a cabo en iglesias, centros comunitarios, lugares de trabajo y hogares.
Agregó que, como resultado, un gran jurado del condado anunció dos acusaciones en contra de Greene, las cuales contienen 81 cargos penales relacionados a 27 víctimas hispanas. Ninguna evidencia creíble indica que el oficial actuó con otros agentes de la policía.
“En ningún momento Latino Justice proporcionó alguna información que las víctimas fueron robados por agentes de policía”, señaló la fiscalía. “En ningún momento Latino Justice proporcionó a los investigadores alguna grabación con referencia a crímenes”. La fiscalía alegó que “algunos de los incidentes que Latino Justice alega que fueron ignorados por el fiscal de distrito son incidentes incluidos en la acusación en contra de Greene”.
“Como lo hemos hecho de forma continua desde el inicio de esta investigación seguimos exhortando a cualquier víctima que contacta la Oficina del Fiscal del Distrito”, finalizó la fiscalía.
Policía del Suffolk también reacciona
La policía del condado de Suffolk
dijo que no comenta acerca de litigios pendientes, pero aseguró que el
arresto del exsargento Greene es resultado de una investigación
realizada por su oficina de asuntos internos y la fiscalía del distrito
después de haber recibido una queja.
Cuando Greene fue arrestado, el comisionado de la policía del condado, Edward Webber, dijo estar sorprendido. “Estoy particularmente indignado por la mala conducta de aquel que juró proteger a la comunidad y en su lugar abusó de los más vulnerables”.
La Policía indicó que para que su labor sea efectiva, necesita el apoyo y la confianza de todas las comunidades.
“El público debe saber que, cuando nosotros recibimos una queja sobre uno de nuestros oficiales, la tomamos con seriedad y actuamos e investigamos exhaustivamente”.
La Uniformada indicó que su esfuerzo específico para mejorar la relación con la comunidad latina es la contratación de minorías, más acercamiento con la comunidad y el mejoramiento de la capacitación que fomenta una sensibilidad cultural, la que incluye la enseñanza del idioma español.
Cuando Greene fue arrestado, el comisionado de la policía del condado, Edward Webber, dijo estar sorprendido. “Estoy particularmente indignado por la mala conducta de aquel que juró proteger a la comunidad y en su lugar abusó de los más vulnerables”.
La Policía indicó que para que su labor sea efectiva, necesita el apoyo y la confianza de todas las comunidades.
“El público debe saber que, cuando nosotros recibimos una queja sobre uno de nuestros oficiales, la tomamos con seriedad y actuamos e investigamos exhaustivamente”.
La Uniformada indicó que su esfuerzo específico para mejorar la relación con la comunidad latina es la contratación de minorías, más acercamiento con la comunidad y el mejoramiento de la capacitación que fomenta una sensibilidad cultural, la que incluye la enseñanza del idioma español.
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