El caso de supuesta corrupción que involucra a la
jueza Awilda Reyes Beltré, cobró un matiz de mayor intensidad, con el
allanamiento hecho por el ministerio público a su residencia, ubicada en
los Jardines del Sur.
Según el abogado Valentín Medrano, de la defensa de Awilda Reyes Beltré, los fiscales fueron rigurosos y respetaron la intimidad de la magistrada, incautándose de dos laptops y algunos documentos, de los cuales, insistió no había nada que la comprometiera.
El allanamiento terminó pasadas las siete y media de la noche.
Medrano dijo que es probable que la imputada hable mañana sobre el caso por el cual es cuestionada.
“Esto no es un proceso, esto es una bruma que ha creado la Procuraduría General de la República, pero ella no ha recibido propiamente como juez, ni del Poder Judicial, la defensa necesaria por parte del mismo cuerpo al que ella pertenece”, dijo el abogado.
Antes, el fiscal adjunto Domingo Cabrera había dicho a los periodistas que sobre el caso quien hablará más adelante será el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
A las tres y treinta y cinco de la tarde un grupo de fiscales, acompañados de varios vehículos policiales arribaron a la calle sexta de Los Jardines del Sur y penetraron al edificio “Residencial Ana Rosa I”, en uno de cuyos apartamentos vive la joven magistrada que hoy atraviesa por un vendaval que la involucra en una presunta red mafiosa que manipulaba procesos y gestionaba la libertad de imputados.
Ella no estaba en su hogar a esa hora. La llamaron para informarle del allanamiento. Según el abogado Valentín Medrano, quien llegó acompañando a la jueza a su apartamento, informó que el ministerio público había pedido además del allanamiento, que se emitiera una orden de arresto, a lo que el juez presidente de la Segunda Sala de la Corte de Apelación, Ramón Horacio González Pérez, quien funge como juez de instrucción especial, se negó.
El abogado, quien estuvo en nombre de Tomás Castro, titular de la defensa de la magistrada, alabó la actitud del juez, quien solo autorizó que se realizara el allanamiento.
Informó que en el allanamiento se han incautaron dos computadores y que todavía no se ha encontrado ningún tipo de evidencia comprometedora contra Reyes Beltré.
El allanamiento se produjo horas después de que el movimiento cívico Participación Ciudadana revelara que Reyes Beltré confesara que recibió dinero para resolver dos de los tres casos de los cuales se le acusada.
A las siete y veinticinco de la noche el equipo de fiscales penetró en un vehículo alto, que ingresó al edificio rompiendo el cerco de camarógrafos, fotógrafos y periodistas que esperaron durante toda la tarde para tomar las imágenes y salieron rechinando los neumáticos, con algunos de los objetos que se llevaron de la casa de la jueza.
El allanamiento se produce horas después de que el movimiento cívico Participación Ciudadana revelara que la Reyes Beltré le confesara que recibió dinero para resolver dos de los tres casos de los cuales se les acusada.
El día 22 de noviembre el presidente del Consejo del Poder Judicial manifestó que la jueza suspendida de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional había admitido que de las tres decisiones por la cual es investigada, dos fueron adoptadas por obediencia a “instrucciones superiores” y la otra por haber aceptado dinero a cambio otorgarle la libertad al regidor del Municipio de Pedro, Ericson de los Santos Solis.
Así lo había revelado el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien dijo que él no tiene nada que ver con las decisiones adoptada por la jueza Awilda Reyes Beltré, ni de ningún otro funcionario del Poder Judicial.
Según el abogado Valentín Medrano, de la defensa de Awilda Reyes Beltré, los fiscales fueron rigurosos y respetaron la intimidad de la magistrada, incautándose de dos laptops y algunos documentos, de los cuales, insistió no había nada que la comprometiera.
El allanamiento terminó pasadas las siete y media de la noche.
Medrano dijo que es probable que la imputada hable mañana sobre el caso por el cual es cuestionada.
“Esto no es un proceso, esto es una bruma que ha creado la Procuraduría General de la República, pero ella no ha recibido propiamente como juez, ni del Poder Judicial, la defensa necesaria por parte del mismo cuerpo al que ella pertenece”, dijo el abogado.
Antes, el fiscal adjunto Domingo Cabrera había dicho a los periodistas que sobre el caso quien hablará más adelante será el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
A las tres y treinta y cinco de la tarde un grupo de fiscales, acompañados de varios vehículos policiales arribaron a la calle sexta de Los Jardines del Sur y penetraron al edificio “Residencial Ana Rosa I”, en uno de cuyos apartamentos vive la joven magistrada que hoy atraviesa por un vendaval que la involucra en una presunta red mafiosa que manipulaba procesos y gestionaba la libertad de imputados.
Ella no estaba en su hogar a esa hora. La llamaron para informarle del allanamiento. Según el abogado Valentín Medrano, quien llegó acompañando a la jueza a su apartamento, informó que el ministerio público había pedido además del allanamiento, que se emitiera una orden de arresto, a lo que el juez presidente de la Segunda Sala de la Corte de Apelación, Ramón Horacio González Pérez, quien funge como juez de instrucción especial, se negó.
El abogado, quien estuvo en nombre de Tomás Castro, titular de la defensa de la magistrada, alabó la actitud del juez, quien solo autorizó que se realizara el allanamiento.
Informó que en el allanamiento se han incautaron dos computadores y que todavía no se ha encontrado ningún tipo de evidencia comprometedora contra Reyes Beltré.
El allanamiento se produjo horas después de que el movimiento cívico Participación Ciudadana revelara que Reyes Beltré confesara que recibió dinero para resolver dos de los tres casos de los cuales se le acusada.
A las siete y veinticinco de la noche el equipo de fiscales penetró en un vehículo alto, que ingresó al edificio rompiendo el cerco de camarógrafos, fotógrafos y periodistas que esperaron durante toda la tarde para tomar las imágenes y salieron rechinando los neumáticos, con algunos de los objetos que se llevaron de la casa de la jueza.
El allanamiento se produce horas después de que el movimiento cívico Participación Ciudadana revelara que la Reyes Beltré le confesara que recibió dinero para resolver dos de los tres casos de los cuales se les acusada.
El día 22 de noviembre el presidente del Consejo del Poder Judicial manifestó que la jueza suspendida de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional había admitido que de las tres decisiones por la cual es investigada, dos fueron adoptadas por obediencia a “instrucciones superiores” y la otra por haber aceptado dinero a cambio otorgarle la libertad al regidor del Municipio de Pedro, Ericson de los Santos Solis.
Así lo había revelado el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien dijo que él no tiene nada que ver con las decisiones adoptada por la jueza Awilda Reyes Beltré, ni de ningún otro funcionario del Poder Judicial.
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