Los hermanos -Carlos, Luis y José Benítez- huyeron de Miami después de ser encausados en mayo de 2008. Los hermanos tuvieron suerte porque huyeron mientras los encausamientos estaban sellados. Usaron pasaportes cubanos para viajar de Miami a República Dominicana, y de ahí a Cuba.
Los Benítez, que llegaron a Estados Unidos en 1995 y se nacionalizaron cinco años después, han encontrado refugio en Cuba, según fuentes familiarizadas con su situación.
El FBI no puede perseguirlos a ellos, ni a otros fugitivos de la justicia estadounidense en la isla porque Estados Unidos no tiene relaciones normales con ese país.
Los tres fueron acusados de estafar al Medicare 119 millones de dólares en declaraciones fraudulentas emitidas por 11 clínicas de tratamiento contra el VIH en el Condado Miami-Dade.
Los hermanos se las arreglaron contratando a médicos poco éticos con autorización del Medicare, que a su vez pagaban a inmigrantes cubanos para que se inscribieran como dueños de las clínicas y pagaban 150 dólares por visita a una red de hombres y mujeres de Miami-Dade portadores del virus del sida que eran pacientes del Medicare. Unos 20 acusados, entre ellos Carmen González y su padre, cayeron en la investigación.
Durante el último decenio, el tratamiento contra el VIH mediante sueros se convirtió en la mayor estafa al Medicare en toda su historia. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, conocido por su práctica de pagar los tratamientos con poca verificación, reembolsó miles de millones de dólares en declaraciones fraudulentas por tratamientos obsoletos que en su mayoría ni siquiera se administraron a los pacientes.
La estafa llegó al punto que las clínicas con licencia del Medicare en el sur de la Florida facturaban más por esta terapia obsoleta que el resto del país en su conjunto.
Para los hermanos Benítez, la estafa fue un tesoro: el Medicare pagó a sus clínicas 84 millones de dólares entre 2001 y 2004, según el encausamiento.
Pero los hermanos han perdido la mayoría de las propiedades que adquirieron en República Dominicana antes de ser prófugos del gobierno federal. Las autoridades estadounidenses han trabajado con el gobierno dominicano para confiscar la gran cantidad de activos que tienen los Benítez en la zona turística de Bávaro, como un parque temático de los Piratas del Caribe.
Otros activos son hoteles de turismo, un helicóptero Robinson R44 Raven, complejos de apartamentos, residencias de lujo, supermercados y una agencia de alquiler de autos, todos inscritos bajo compañías pantalla o testaferros.
En 2011 las autoridades dominicanas y el gobierno estadounidense anunciaron un acuerdo para compartir las propiedades confiscadas a los Benítez y cuentas bancarias intervenidas, por un total calculado en 37,5 millones de dólares. Hasta el momento el gobierno federal ha recuperado 14 millones de dólares.
Pero los hermanos Benítez no son los únicos peces gordos que quedan libres.
Otro fugitivo importante es Jorge Emilio Pérez, de 49 años y duelo de una compañía de remesas llamada Caribbean Transfers. Pérez fue acusado el año pasado de financiar un complicado esquema de lavado de dinero que movió al sistema bancario cubano más de 30 millones de dólares robados al Medicare en el sur de la Florida a través de Canadá, con la ayuda de un operador de un negocio de cobro de cheques, Oscar L. Sánchez, quien se declaró culpable y fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión.
Los fiscales describieron a Caribbean Transfers como una especie de "Western Union" de transferencia de remesas. El sitio web de la empresa indica que se especializa en remesas a Cuba, República Dominicana y otros países.
El FBI sospecha que el dueño de Caribbean Transfers vive en República Dominicana.
Culp, el agente del FBI, prometió que el departamento, que trabaja con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior y la Interpol, a final de cuentas le echará mano a los acusados de fraude al Medicare con órdenes de arresto pendientes.
"Los fugitivos pueden esconderse, pero los encontraremos", dijo Culp.
En el profundo mar del fraude al Medicare en Miami, Carmen González era un pez chico. Así que cuando agentes federales la arrestaron después de cinco años como fugitiva, el caso no hizo mucha ola. Pero su detención fue parte de una ofensiva discreta contra delincuentes prófugos que le han dado a Miami el dudoso título de la capital de las estafas al Medicare en Estados Unidos.
González había tenido un papel de apoyo en una de las mayores estafas al Medicare en la región. Primero trabajó en labores de limpieza, después como enfermera que pagaba sobornos a los pacientes a nombre de los hermanos Benítez, dijeron las autoridades.
En la primavera de 2008, González y su padre Enrique, que también trabajaba para los hermanos Benítez, huyeron de Miami después de ser acusados por separado.
¿Y a dónde fueron? A Cuba, el primer destino latinoamericano de los fugitivos de fraude al Medicare en el sur de la Florida. Juntos se robaron cientos de millones de dólares al hacer declaraciones fraudulentas por valor de miles de millones de dólares por numerosos rubros, desde equipo médico hasta medicamentos contra el VIH.
González y otros 30 acusados más han sido arrestados en los últimos años, y el ritmo de las aprehensiones ha aumentado este año. Pero todavía hay unos 150 fugitivos de casos pendientes de fraude al Medicare en el sur de la Florida, en su mayoría inmigrantes cubanos que huyeron a su país de nacimiento, a México, República Dominicana y otras naciones de habla española para evadir juicios federales.
Con la excepción de Cuba, varios países con tratados de extradición con Estados Unidos han ayudado a las autoridades federales con los arrestos y han extraditado a fugitivos.
Aunque el avance ha sido lento, las autoridades han apresado a 10 agentes este año, en comparación con el ritmo anterior de uno cada un par de meses, dijo Randall Culpa, el agente especial del FBI que supervisa las investigaciones de fraude a los servicios médicos en el sur de la Florida.
"Hemos reducido la carga de casos poco a poco", dijo Culp. "Los agentes son persistentes en sus esfuerzos por ubicar a los fugitivos y a final de cuenta la policía los atrapa. Algunas veces, sencillamente tenemos suerte".
En septiembre, por ejemplo, agentes del FBI dieron caza a González, prima de los hermanos Benítez, después que regresó a Estados Unidos por la frontera con México. Pero cometió el error de volver a solicitar la licencia de conducción de la Florida mientras vivía en la zona de Fort Myers con familiares.
A mediados de octubre se vio luciendo un uniforme naranja de detenida en la sala del juez federal de distrito Federico Moreno, el mismo juez al que había engañado cinco años antes al no cumplir las exigencias de una fianza de 50.000 dólares y huir del país cuando el magistrado le dio permiso para celebrar el cumpleaños de su hijo en Disney World. El viaje a Orlando, Florida, había sido una trampa.
"¿Adónde fue usted? ¿Por qué no se presentó ante el tribunal?", le preguntó el juez Moreno a González, antes de declararse culpable de no obedecer los términos de la fianza el mes pasado. "Me fui a Cuba", le respondió González, que en diciembre irá a juicio por fraude al Medicare.
Joel DeFabio, el abogado defensor de González, dice que la mujer "cayó presa del pánico" en mayo de 2008 cuando huyó con su hijo y su esposo.
"La vida le resultó dura en Cuba, especialmente para su hijo", dijo DeFabio. "No vio futuro en Cuba y quería darle a su hijo una mejor vida, así que regresó a Estados Unidos".
En el momento de su arresto inicial, fiscales del Departamento de Justicia advirtieron que González -acusada en un fraude de 11 millones de dólares al Medicare en una de las clínicas de los hermanos Benítez, el St. Jude Rehab Center, y sospechosa de asistir en otras ocho clínicas de tratamiento contra el VIH en Miami- podía fugarse. También señalaron que su padre, igualmente acusado como contador y reclutador de pacientes en dos de las clínicas de los hermanos Benítez, acababa de fugarse del país.
Moreno, el magistrado jefe del tribunal federal de distrito, había escrito un memorando en 2008 para advertir a sus colegas que no fijaran fianzas bajas a los acusados de fraude al Medicare, alegando el peligro de que se fugaran del país.
Así que Moreno no se alegró cuando González perdió los 7.500 de dólares de pago inicial de la demanda y no se presentó a su próxima audiencia en junio. El juez se lamentó de que había inmigrantes cubanos que venían a Estados Unidos, recibían la residencia legal y entonces se dedicaban a estafar al Medicare, para después regresar a su país con lo robado.
"Me parece que tenemos que cambiar la forma en que pensamos, que alguien de Cuba pueda huir a su país de origen como alguien de México", le dijo Moreno al abogado de González, DeFabio, en ese momento. "No conozco la situación de su cliente, pero el dinero rinde mucho más en Cuba".
A pesar de las advertencias, el patrón de los acusados de fraude al Medicare en el sur de la Florida que huyen a Cuba, México y otros países latinoamericanos continuó hasta que en los últimos años los jueces comenzaron a rechazar solicitudes de fianza antes del juicio.
El FBI ha mantenido una lista de por lo menos 90 fugitivos acusados de estafar al Medicare del sur de la Florida, compilada por el agente especial Bryan Piper. El FBI, con ayuda de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tiene una lista de otras 90 personas que han sido encausadas en causas selladas pero que se sospecha que han huido. Como resultado, no saben que los están buscando en Miami, y los agentes no quien que se enteren.
Hasta el momento las autoridades han capturado a unos 30. Culp dijo que a la mayoría de los fugitivos del sur de la Florida los capturan en otros países o cuando regresan por el Aeropuerto Internacional de Miami.
Un ejemplo: En 2009, Alcides García, buscado por su participación en una estafa de equipos médicos por valor de 10,7 millones de dólares, acudió a una empresa de transporte de las islas Canarias, en España, para que le enviaran sus pertenencias desde Miami. García dijo que era mexicano, pero su fuerte acento cubano lo delataba.
Así que el dueño de la empresa buscó el nombre de García en Google y se encontró con un artículo del Miami Herald y El Nuevo Herald publicado enero de 2009 que describía a García como un fugitivo extranjero buscado por cargos de fraude al Medicare en el sur de la Florida. La información, que incluía una foto de García, confirmó su identidad.
El dueño de la empresa llamó al FBI en Miami y ofreció la información anónimamente. Entonces la Policía Nacional de España verificó sus antecedentes y lo arrestó sobre la base de una orden temporal de detención del gobierno de Estados Unidos en un hotel de Madrid. García, de 49 años y que usaba su nombre verdadero en un pasaporte mexicano falso, fue sentenciado a ocho años de prisión.
El FBI también ha logrado la cooperación de las autoridades de otros países.
En febrero pasado, por ejemplo, las autoridades colombianas extraditaron a una mujer que huyó de Estados Unidos en 2006 poco antes que un jurado la declarara culpable de fraude al Medicare por valor de 5 millones de dólares.
En 2012, el FBI arrestó a Magda Luz Lavín después que las autoridades colombianas recibieron una denuncia de víctimas de una estafa de negocios en su país natal y que habían escuchado que la estaban buscando en Miami por fraude al Medicare. Luz fue arrestada en junio de ese año en Medellín y extraditada de Bogotá a Miami. Lavín, de 55 años, fue sentenciada a 15 años en una prisión federal.
El año pasado, el FBI también le siguió la pista al padre de González con la cooperación de otras autoridades sudamericanas.
Por una denuncia, el FBI conoció que el hombre iba a viajar de Bolivia a Cuba con una escala en Perú en 2011. El FBI pidió a las autoridades peruanas que lo arrestaran en octubre de 2011. Así lo hicieron y estuvo preso hasta que lo extraditaron a Miami en julio de 2012.
Enrique González, que emigró de Cuba en 2000, se declaró culpable de fraude a los servicios médicos y de pagar sobornos a pacientes en una estafa de 26 millones de dólares en dos de las clínicas de tratamiento contra el VIH de los hermanos Benítez. González, de 68 años, fue sentenciado a cinco años de prisión.
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