Por Edilberto F. Méndez Amador/Almomento.net/Prensa Latina
Santo Domingo, 19 nov (Prensa
Latina) Un nuevo caso de corrupción con militares de alto rango
involucrados, sacudió esta sociedad que ha visto pasar ante sus ojos
hasta hoy siete procesos de este tipo en la gestión actual del
Ministerio Público.
Se trata de la Operación Coral 5G, llevada a
cabo la víspera cuando las autoridades efectuaron 49 allanamientos en
las provincias de Santo Domingo, La Vega y Santiago y detuvieron a los
generales Juan Carlos Torres, Julio de los Santos Viola, y Boanerges
Reyes, entre otros militares.
Este caso es una ramificación de uno
anterior llamado Operación Coral, en la cual la Fiscalía llevó a los
tribunales a cinco personas, encabezadas por el mayor general Adán
Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Según
la Procuraduría General la red de corrupción administrativa
desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos
cuatro mil 500 millones de pesos (80 millones de dólares) en propiedades
y productos financieros.
Asimismo, hasta el momento le fueron
ocupadas unas 125 propiedades y es de esperar que a los último imputados
se les imponga la prisión preventiva como medida de coerción, así como
la declaración del caso como complejo.
A este grupo de acusados le
imputan delitos como incurrir en asociación de malhechores, estafa
contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de
documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de
corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Además, el
Ministerio Público estableció que realizaban operaciones fraudulentas
para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos
de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
El Coral
5G, empezó pero habrá que esperar avance y nada debe sorprender dado el
nivel de corrupción arrojado por este entramado desde el descubrimiento
de su versión inicial.
Ahora los tribunales tendrán que decidir en
siete procesos pendientes con la mayor celeridad posible pues el
Ministerio Público tiene una gran cantidad de investigaciones por llevar
a su final.
Descontando los casos Coral están pendientes el
Antipulpo, que salió a la luz a finales del pasado año, el cual tiene
implicados a 10 funcionarios vinculados a la gestión gubernamental del
expresidente Danilo Medina, y son acusados de formar una presunta red en
detrimento del Estado por sumas millonarias.
En este proceso el
Ministerio Público señaló a Juan Alexis Medina, hermano del
expresidente, como líder de la red; y en él también figura como imputada
su hermana Carmen Medina.
Igualmente la Operación 13 que estalló
el pasado mes de junio al ser descubierto uno de los mayores escándalos
conocidos en la presente gestión, un fraude por más de 150 millones de
pesos (2,7 millones de dólares) orquestado en un sorteo de la Lotería
Nacional.
También el proceso denominado Medusa, en el cual el
principal implicado es el ex procurador general, Jean Alain Rodríguez,
señalado como «cabecilla» de un supuesto entramado de corrupción que
operaba en esa institución mientras fungió como su titular.
Dentro
de las principales acusaciones en contra del exfuncionario está el
desvío de millonarias cifras del Plan de Humanización del Sistema
Penitenciario.
No se queda detrás el caso Falcón, conocido en
septiembre, una red de narcotráfico la cual en estos momentos tiene 21
implicados en prisión provisional a la espera que concluyan las
investigaciones y lleven a cabo el juicio correspondiente, teniendo como
adición la existencia de legisladores involucrados.
Y finalmente
la Operación Larva puesta en marcha el pasado 27 de octubre, en la cual
los implicados están directamente vinculados a una estructura criminal
dedicada al narcotráfico, con operaciones que datan de 2019.
Sin
dudas, se mueven resortes encaminados a luchar contra la corrupción y la
impunidad llevados a cabo por el Ministerio Público encabezado por la
procuradora general, Miriam Germán, pero la sociedad desea ver agilidad y
sobre todo resultados, dos cosas que adolece el sistema de justicia
dominicano.
Pero algo deben hacer pues, son tantos los procesos
pendientes y los por llegar, que o los agilizan o la impunidad ocupará
sus tradicionales espacios.
