viernes, 12 de noviembre de 2010

Buscan en NY erradicar las deportaciones inmigrantes acusados delitos menores.

Por Jhonny trinidad
NUEVA YORK.- Con la finalidad de exáminar la legalidad de la práctica de deportar a los presos inmigrantes, acusados de delitos menores, el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York realizó una audiencia que determinará si la ciudad está obligada a asistir a las autoridades migratorias.

La audiencia se celebró a propósito de la publicación de un informe que dá cuenta de que el 19 por ciento de los inmigrantes detenidos en la cárcel newyorkina de Rikers, terminan en las manos de los agentes federales de inmigración.

Según el testimonio de una persona que estuvo detenida en Rikers por un delito menor y, a pesar de que los cargos fueron desetimados, fué arrestada por agentes de inmigración y el servicio de seguridad (ICE).

Desde el 1995, ICE tiene acceso a la información de los detenidos en Rikers, la que utiliza en perjuicio de los inmigrantes detenidos por delitos menores, los cuales, casi siempre, terminan con un caso de deportación.

Esa es la razón por la que el Comité de Servicios de Fuego y justicia Criminal del Consejo Municipal realizó una audiencia que examine la relación legal entre el Departamento de Cárceles y la Agencia de Inmigración, además del costo que representa para la ciudad éste tipo de colaboración que, según algunos expertos, es de unos 50 millones de dólares al año.

Por su parte, la comisionada del Departamento de Cárceles, Dora Schriro, admitió que su agencia ha permitido el acceso del Servicio de Inmigración a la información computarizada de sus detenidos inmigrantes, incluyendo números de casos, fechas de admisión, fechas de nacimiento y actual dirección.

Todo esto sucede a pesar de la existencia de una orden ejécutiva del alcalde que prohíbe que se pregunte sobre el estatus migratorio a los detenidos, sin embargo, Schriro también admitió que, una véz ingresan a la cárcel, se les pregunta si son ciudadanos américanos.

De acuerdo a la presidenta del Consejo, Christine Quinn, la iniciativa de realizar esta audiencia se tomó por a la incertidumbre existente entre los miembros del organismo, debido a que, según indica, "en reuniones privadas con miembros del gobierno de Bloomberg, se nos ha informado que la relación entre el Departamento de Cárceles y ICE es obligatoria; pero, en reuniones con funcionarios federales y el Servicio de Inmigración, se nos ha dicho lo contrario".

Ningún representante de ICE estuvo presente en el desarrollo de la audiencia.

Según el programa de "Comunidades Seguras", las huellas digitales de cualquier persona detenida en un departamento policial local, son enviadas automaticamente al departamento de Seguridad Interna para ser comparadas con su base de datos y, si se comprueba que la persona es indocumentada o es un inmigrante con antecedentes criminales, la agencia iniciará un proceso de deportación.

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