WASHINGTON/EFE.- El gobernador de Texas, Rick Perry, destituyó a tres miembros de un grupo de investigación que se disponía a informar que hace cinco años el estado ejecutó a un posible inocente de la muerte de sus tres hijas.
De comprobarse, esa inocencia sería un duro golpe para el estado que aplica con mayor inclemencia la pena de muerte en el país desde que el castigo fue restablecido por el Tribunal Supremo en 1976.
Según cifras del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM), desde ese año han sido ejecutados 1.175 condenados, 441 de ellos en Texas.
Según indicó hoy uno de los destituidos de la Comisión de Ciencia Forense de Texas a la cadena de televisión CNN, Perry ordenó la medida dos días antes de la fecha en que uno de sus miembros debía presentar un informe sobre la ejecución de Todd Willingham, en 2004.
Willingham fue ejecutado tras ser acusado de asesinar a las niñas al incendiar la casa en que vivían en 1991.
Sin embargo, según detractores de la pena de muerte citados por CNN, la revisión independiente del caso podría llegar a la conclusión de que el estado aplicó la pena de muerte a un inocente.
La cadena de televisión indicó que tres informes, incluyendo el de la Comisión de Ciencia Forense, determinaron que el incendio de la vivienda probablemente no fue deliberado.
Alan Levy, uno de los miembros de la comisión, dijo a CNN que el grupo se encontraba "en un punto crucial de la investigación" cuando se conoció la medida tomada por el gobernador.
En 2004, Perry declinó aplazar la ejecución de Willingham y desde entonces ha dicho que tomó esa decisión en el convencimiento de que era culpable.
Sin embargo, CNN indicó que Craig Beyler, uno de los expertos contratados por la comisión, afirmó que la conclusión de que el hombre provocó el incendio que mató a sus tres hijas "no puede sostenerse" mediante la ciencia moderna.
Añadió que el funcionario de bomberos que presentó testimonio en el juicio contra Willingham asumió una actitud "más característica de un místico" que de un detective que debía cumplir normas científicas.
Por otra parte, Beyler aseguró al CIPM que la investigación del caso se basó en "ciencia disparatada" y añadió que en un informe a la comisión afirmó que "no existió evidencia creíble que llevara a creer que el incendio que causó la muerte de las niñas fue intencional".
Según Barry Scheck, fundador del "Proyecto Inocencia" que ayuda a quienes se cree que han sido erróneamente condenados a muerte, la decisión de Perry fue similar a la del ex presidente Richard Nixon, quien intentó destituir al fiscal especial que investigaba el caso "Watergate" que llevó a su renuncia en 1974.
"En vez de permitir que continúe esta importante audiencia y se conozca el informe, el gobernador destituye al presidente y dos miembros de la comisión", dijo Scheck a CNN.
Por otra parte, Scott Bobb, presidente de la Red Moratoria de Texas, el gobernador Texas advirtió que "la comisión avanzaba en una dirección hacia la cual no quería que fuera".
Fuentes judiciales indicaron que el problema planteado por el caso de Willingham constituye un nuevo golpe para la pena de muerte que, según sus detractores, se aplica de forma racista y, en muchos casos, a acusados indigentes sin recursos para contar con una defensa legal competente.
El castigo ahora rige en sólo 38 de los 50 estados del país.
El último en derogarla fue Nuevo México cuyo gobernador, Bill Richardson, tomó la medida tras determinar que no podría con su conciencia si llegaba a saber que bajo su administración se ejecutó a un inocente.
Cuando el castigo fue restablecido en 1976, contaba con un respaldo de más del 80% de la población.
Sin embargo, según las últimas encuestas, ese apoyo se ha reducido a cerca de un 60 por ciento.
