Santo Domingo/Elnuevodiario.- La Directora General de
Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lic. María Ramos,
considera que el auge de la violencia contra la mujer en República
Dominicana, que presenta estadísticas de 200 mujeres asesinadas por año,
amerita mayor respaldo económico por parte del Gobierno, y que las
políticas públicas de género sean asumidas por las demás instituciones
del Estado. “Existe un decreto del año 2001 que ordena a todas las
instituciones gubernamentales crear un departamento de género, para que
apliquen las políticas con perspectiva de género, pero aún no se ha
materializado, pues solo en algunas instituciones se ha implementado
este decreto, lo cual se traduce en ausencia de apoyo.
Entendemos que habiendo estadísticas de 200
mujeres asesinadas por año se debe contar con más apoyo, porque no es
solo por las mujeres asesinadas, sino por las consecuencias que trae;
las familias que se destruyen, los niños huérfanos, que se traduce en
graves perjuicios para la sociedad dominicana”, argumentó.
Entrevistada por Harold Modesto y Víctor Mateo,
investigadores del Observatorio Político Dominicano (OPD) de la
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Ramos dijo que
necesariamente el Estado y sus instituciones deben estar sincronizados
para atacar el problema de la violencia de género.
Sostuvo que en la actualidad, el Ministerio de la
Mujer promueve leyes a favor de la equidad e igualdad de género, e
implementa políticas públicas orientadas a la erradicación de la
violencia contra la mujer.
“Trabajamos en la propuesta y observación en la
ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que crea el Plan Nacional de
Equidad de Género, un plan a seguir por todas las instituciones del
Estado a favor del cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos por el Estado dominicano, como lo son la convención para la
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la
convención para la eliminación de la violencia contra la mujer. El
Estado dominicano ha dicho que respetará la equidad contra la mujer,
para evitar feminicidios”, explicó.
Agregó que dentro del sector justicia, la Comisión
de Género en el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura
trabajan en los programas educativos, para que la política de género
permee el currículo de la Escuela Nacional de la Judicatura, para lograr
capacitación y sensibilización en la justicia.
Indicó que también se implementa la Comisión
Nacional de Prevención y Lucha Contra la Violencia contra la Mujer,
presidida por el Ministerio de la Mujer, “donde el Ministerio traza las
políticas y supervisa que los demás organismos del Estado cumplan con
estas acciones”.
Respecto de la propuesta de tipificación del
feminicidio como tipo penal, considera que más que en la penalización
está a favor de la prevención.
“Entendemos que más que tipificarlo es importante
identificarlo como tal y crear conciencia en la sociedad. En países como
Costa Rica, algunos estados de México y Guatemala que lo han aprobado
en su legislación, la experiencia e investigaciones han arrojado que en
la actualidad generalmente las características bajo las cuales una mujer
es asesinada por su condición de ser mujer, es por una lucha de poder
ante los nuevos roles que ha asumido la mujer y que el hombre no acepta
los derechos que ella tiene de trabajar y desarrollarse en el seno de la
sociedad”, enfatizó.
Argumentó que el delito de feminicidio debe ser
combatido no solo con la prevención, sino con el establecimiento de
valores respecto a los derechos humanos, tanto de los hombres como de
las mujeres.
Cree que la propuesta de endurecimiento de las
penas, con el fin de disminuir la violencia contra la mujer, no
incidiría directamente en su reducción; “se trata de que cada ciudadano
asuma con mayor responsabilidad, compromiso y responsabilidad la
problemática”.
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